Por: Nohelia Llerena Ccasani, Directora del Consejo Nacional de Minería (CONADEMI)
La región La Libertad ocupa un lugar estratégico en el mapa minero del Perú. Con la ciudad de Trujillo como capital y epicentro de servicios imprescindibles del rubro, la región concentra el mayor volumen de producción aurífera del país, representando aproximadamente el 27.8% de la producción nacional de oro. Este liderazgo no es un fenómeno reciente: durante décadas, las cuencas de Pataz, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Otuzco han albergado operaciones tanto de gran y mediana minería como de una extensa y compleja actividad artesanal y en proceso de formalización que define el rostro social de la actividad extractiva en la región.
El XVI Congreso Nacional de Minería (CONAMIN 2026), realizado precisamente en Trujillo entre el 15 y el 19 de junio de 2026, recoge la importancia que esta región tiene en la agenda minera nacional.
En ese sentido, el presente texto revisa el estado actual de la actividad minera en La Libertad, con énfasis en los principales factores que la caracterizan: su aporte económico, la conflictividad vinculada a la minería ilegal, la crisis de seguridad en la región, el proceso inconcluso de formalización, y las perspectivas para los próximos años.
I. LA MINERÍA Y SU IMPORTANCIA EN LAS FINANZAS REGIONALES
La dependencia fiscal de La Libertad respecto a la actividad minera es estructural y de magnitud significativa. En la actualidad, cerca del 76% de los recursos provenientes del canon minero se distribuyen entre las municipalidades provinciales y distritales, especialmente en zonas productoras como Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.
Este esquema de distribución genera una paradoja estructural: las provincias con mayor actividad minera son también las más vulnerables a la violencia y al conflicto social, pero dependen casi exclusivamente de esos mismos recursos para financiar sus servicios públicos. La interrupción de operaciones mineras por conflictos no solo afecta la economía regional; impacta directamente la capacidad de gasto de los gobiernos locales en educación, salud e infraestructura.
El Gobierno Regional de La Libertad cerró el ejercicio 2025 con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de aproximadamente S/ 702 millones y una ejecución de 96.2%, cifra positiva en términos de gestión presupuesta.
II. LA CRISIS DE SEGURIDAD EN PATAZ: MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO
El punto más crítico del panorama minero de La Libertad en 2025 fue la escalada de violencia en la provincia de Pataz. El 4 de mayo de 2025 fueron hallados los cuerpos de trece trabajadores mineros ejecutados dentro de un socavón, luego de haber sido secuestrados el 26 de abril. Este hecho, que conmocionó al país, puso en evidencia el grado de penetración del crimen organizado en las zonas de extracción aurífera informal.
La respuesta del Ejecutivo incluyó la declaratoria de estado de emergencia en Pataz y la emisión de un Decreto de Urgencia que destinó más de S/ 52 millones para fortalecer la fiscalización, control y trazabilidad del transporte y comercialización de insumos y productos mineros. En retrospectiva, la reacción del gobierno central implicó una respuesta inmediata, pero sin el cuidado al respeto del ordenamiento legal vigente, lo que generó afectaciones colaterales en empresarios que desarrollan actividad en la zona.
III. MINERÍA INFORMAL Y EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN: REINFO Y SUS LÍMITES
Paralelamente a la mediana y gran minería, La Libertad alberga una extensa actividad de pequeña minería y minería artesanal. Así, y sumado a este último grupo de empresarios, tenemos al REINFO como la fórmula legal que permite a operadores del rubro continuar trabajando mientras avanzan en el proceso de formalización, tal es así que la región concentra entre 2,300 y 3,000 inscritos activos en este registro, siendo una de las más representativas a nivel nacional.
El proceso de formalización ha enfrentado y enfrenta críticas sostenidas, pues para los detractores, el REINFO se ha convertido en un sistema que permite operar en condiciones “excesivamente flexibles”, mientras el Estado otorga ampliaciones de plazo sin obtener resultados de avances significativos.
Sin embargo, esta postura no considera u olvida que la misma norma subrayó sendas obligaciones recaídas sobre el aparato estatal vinculado a este procedimiento, como, por ejemplo, la orden de desarrollo un régimen tributario especial, fiscalizaciones ejecutadas por la SUNAFIL, la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, a ejecutarse por el INEI, el MINEM y el INGEMMET en un plazo máximo de doce meses (medida, postergada durante años, resulta fundamental para conocer con exactitud la dimensión real del sector informal y diseñar políticas de formalización con base empírica), entre otras, que NO SE HAN CUMPLIDO HASTA LA FECHA.
IV. PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CARTERA MINERA
A pesar del complejo contexto de seguridad y conflictividad, La Libertad mantiene una cartera activa de inversión minera, logrando concentrar, aproximadamente, 27 proyectos mineros y unidades de exploración activos, entre otros.
La realización del XVI CONAMIN 2026 en Trujillo es un indicador simbólico y práctico de la centralidad de La Libertad en el sector. Para el ecosistema de servicios mineros con base en Trujillo, este tipo de eventos refuerza el posicionamiento de la ciudad como hub logístico, financiero y de servicios del sector minero del norte del Perú.
V. DIMENSIÓN AMBIENTAL
La actividad minera informal, -a diferencia de aquella que se encuentra en proceso de formalización- en La Libertad genera pasivos ambientales de consideración, especialmente en cuencas como la del río Marañón y sus afluentes en la zona de Pataz.
El Estado peruano ha comprometido la eliminación del mercurio en la minería como parte de sus obligaciones bajo el Convenio de Minamata, ratificado en 2016. Sin embargo, la implementación de alternativas tecnológicas y la fiscalización del tráfico de mercurio siguen siendo insuficientes, pues el control sobre el compliance de estas actividades no puede quedar en el rango de la administración o formalidad de este sector, sino que, por el contrario, se requiere mayor control y fiscalización in situ, sea en planta, caminos, o sobre los medios de transporte.
VI. PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS HACIA 2027
El futuro de la actividad minera en La Libertad depende de la capacidad del Estado para atender simultáneamente tres frentes críticos:
- Seguridad en zonas de producción: La recuperación de la presencia del Estado en Pataz y otras zonas de conflicto es condición necesaria para que la minería formal pueda operar sin interrupciones y para que el proceso de formalización tenga verdadera viabilidad. Sin seguridad, no hay formalización posible.
- Formalización efectiva: El Censo Nacional de la MAPE, ejecutado oportuna y eficientemente, puede proveer la base informacional necesaria para diseñar una política de formalización diferenciada, con plazos realistas y sanciones efectivas para quienes no cumplan.
El precio del oro, que se mantuvo en niveles históricamente altos durante 2024 y 2025, seguirá siendo el principal motor de la actividad formal. Pero la renta minera solo puede convertirse en desarrollo sostenible si el marco institucional garantiza seguridad jurídica, orden público y redistribución eficiente de los beneficios.
VII. CONCLUSIONES
La actividad minera en Trujillo y La Libertad presenta en 2026 una fotografía de marcadas contradicciones: es la región que más oro produce en el Perú, que más recursos genera para el fisco regional, y que al mismo tiempo concentra algunos de los episodios más graves de inseguridad y criminalidad. Esta dualidad no es accidental: es el resultado de décadas de actividad minera sin institucionalidad suficiente.
La realización del CONAMIN 2026 en Trujillo es una oportunidad para que la industria y el Estado reafirmen su compromiso con una minería responsable. Pero los retos son concretos y urgentes: recuperar Pataz del crimen organizado, avanzar eficientemente con el proceso de formalización, y asegurar que los beneficios de la actividad extractiva se traduzcan en mejores condiciones de vida para las poblaciones de las zonas productoras.
La Libertad tiene un potencial aurífero superlativo. El desafío es construir también la institucionalidad que permita que ese potencial se traduzca en desarrollo para los empresarios y la ciudadanía comprometida en trabajar para lograr una minería sostenible y responsable en esta gran región.