Las cuatro minerías del Perú: entre la formalización, la criminalidad y el abandono del Estado

 

Elmer Unocc es un esforzado minero, uno más de esos, los de poca inversión. Uno más de las decenas de miles de peruanos que trabajan, invierten, ahorran, apuestan en su futuro. Elmer a veces gana alguito, aunque no siempre. Pero no desfallece, y siempre busca generarse un ingreso con su esfuerzo, con su andino y salado sudor. Con horas quitadas al sueño, con el riesgo permanente ante la autoridad estatal, esa que lo ve y que le trata siempre como sospechoso, como permanente transgresor a desmedro de sus esfuerzos intentando ser parte formal de esa economía tan hostil hacia él.

En el Perú conviven economías semialfabetizadas en sobrevivencia rural, altoandina o amazónica, con influencers urbanos. El mérito o la dedicación generalmente no guardan correlación con los ingresos. A un talentoso y dedicado profesor estatal de matemáticas le puede tomar meses lograr el ingreso que un tiktoker de frivolidades saca en menos de una semana.

En esta confluencia de tiempos, niveles de industrialización e integración social, confluyen tres economías: la formal, digamos legal si se quiere; la informal, que no debiera ser ilegal, no buscó no serlo, solo fue orillada por la institucionalidad, los trámites, el expolio que genera el Estado y del que, por cierto, medra.

Como decía un ilustre jurista, hay una tercera economía, la criminal. Esta se alimenta o crece alimentada por la informalidad de los peruanos que perciben intuitivamente que el costo-beneficio es un umbral impreciso de beneficios para insertarse o no.

El Estado peruano es acusado ocasionalmente de corrupción, empero esta es peccata minuta frente a lo que realmente importa. Sus errores de función. Podemos decir que solo tiene dos errores.

El primero es que no hace lo que no debe hacer y deja a la deriva a su población trabajadora, que no debe tipificarse con arcaísmos marxistas preindustriales, sino ser entendida en su complejidad de múltiples tiempos y destrezas. Ambulante, taxista, agricultor golondrino, minero artesanal.

El segundo error es quizás más determinante para la economía y sociedad. No hace lo que debe hacer.

No cohesiona. Persigue al trabajador, al microempresario, al que puso un restaurante, o al que presta servicios de movilidad.

El Perú, y se repite mucho, se supone que es un país de vocación minera. Esta puede caracterizarse en cuatro estratos que conviven, colisionan, se alían o combaten, se apoyan o excluyen.

La gran minería, de las corporaciones, de los grandes denuncios casi perpetuos, de las grandes extensiones paralizadas, de la capacidad de negociación ante el Estado. De negociación y de lobby en su sentido más sensato, de influencia como grupo de presión explícito.

La mediana empresa de minería, formal, y de los servicios conexos formales. Que pese a su aporte al PBI y su impacto económico en tributos no tiene la misma capacidad de interacción ante la burocracia nacional o regional, a desmedro de su impacto económico.

Cercana a esta se encuentra la tercera minería, la de los pequeños y los microempresarios individuales, aspirando eternamente a ser formales si las condiciones fueran adecuadas.

Y en el otro extremo, la cuarta minería, la de la tercera economía, abiertamente criminal.

Empero, en casos como Pataz, puede observarse simbiosis entre la primera y la cuarta, pues son funcionales entre sí ante la segunda y la tercera.

El Estado se concentra en perseguir a la tercera minería mediante cualquiera de sus dos errores. No facilitarles condiciones o mejoras efectivas de inserción. Mediante trámites complicados, mediante la extorsión del policía, del funcionario de minería, las dificultades de procesamiento.

No se combate la criminalidad de la cuarta minería, insostenible ambientalmente, armada y corporativizada a su manera con redes de sicariato urbano, de trata, de acopio ilegal de insumos, y que presiona a la tercera minería, la de Elmer Unocc, la de los que no son anónimos, y que hubiesen preferido un ecosistema legal protector no expoliador.

Empero ahora con las actitudes denunciadas por la Defensoría del Pueblo pareciera que estamos observando un nuevo frente abierto, una herida que se abre más.

La oligarquía local de la primera minería, que sufre de hiperorexia, está buscando desplegar una estrategia institucional a través de entidades del Estado para ampliar su espacio rentista a expensas de la segunda minería.

Vamos a ser testigos de un incremento de entropía en el Perú profundo, de persecución al competidor, de penalización del trabajador minero. Un Estado, de bandoleros de paso, va a optar por lo que suele hacer, no complicarse, no resolver, medrar y no conciliar.

Y la brizna incendiará la pradera.

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Durante la sesión de la Comisión de Energía y Minas, presidida por Yenifer Paredes Navarro y con la participación del ministro Guillermo Shinno, CONADEMI presentó propuestas para mejorar el proyecto de Ley MAPE y exigió que el Estado asuma responsabilidades concretas en la formalización minera.