Durante la sesión de la Comisión de Energía y Minas, presidida por Yenifer Paredes Navarro y con la participación del ministro Guillermo Shinno, CONADEMI presentó propuestas para mejorar el proyecto de Ley MAPE y exigió que el Estado asuma responsabilidades concretas en la formalización minera.

Lima, 27 de octubre de 2026. – El Consejo Nacional de Minería (CONADEMI) presentó ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados una serie de propuestas para mejorar el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), impulsado por el Poder Ejecutivo, y advirtió que una nueva normativa no logrará sus objetivos si mantiene las actuales barreras de formalización y concentra todas las obligaciones en los productores mineros.

Durante la sesión parlamentaria, presidida por la diputada Yenifer Paredes Navarro y que contó con la participación del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, el presidente de CONADEMI, Eduardo Calderón de la Barca, acompañado de la vicepresidenta, Nohelia Llerena Ccasani, expuso la posición institucional del gremio y alcanzó propuestas orientadas a construir un sistema de formalización viable, con responsabilidades compartidas entre el Estado y los productores.

«No venimos a pedir otra prórroga ni a defender la ilegalidad. Venimos a pedir una ley que distinga, que obligue también al Estado y que abra la puerta de la formalidad en lugar de cerrarla», sostuvo Calderón de la Barca durante su intervención.

CONADEMI exige que el Estado también cumpla con la formalización
Uno de los principales cuestionamientos del gremio estuvo relacionado con las deficiencias del actual proceso de formalización minera. CONADEMI advirtió que, pese a las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), continúan pendientes compromisos estatales como la ejecución de un censo minero nacional, la simplificación de requisitos administrativos y la implementación de mecanismos adecuados de fiscalización.

Frente al régimen de consolidación planteado por el Ejecutivo, que contempla un periodo de transición hasta junio de 2028, CONADEMI solicitó establecer obligaciones expresas para las entidades públicas, con plazos definidos y responsables identificados, de manera que las demoras administrativas no terminen perjudicando a los productores que buscan formalizarse.

Asimismo, pidió establecer procedimientos claros que garanticen el derecho de defensa de los mineros con inscripciones suspendidas y permitan revisar los procesos de exclusión conforme al debido procedimiento.

Plantean revisar concesiones mineras y actualizar límites de producción
Otro de los puntos centrales de la exposición fue la dificultad que enfrentan los pequeños productores para suscribir contratos de explotación con los titulares de concesiones mineras.

En ese sentido, CONADEMI propuso abrir el debate sobre las concesiones que permanecen sin actividad productiva, mejorar los mecanismos de acceso a contratos de explotación y revisar los actuales criterios de clasificación de la pequeña minería.

Entre sus planteamientos, el gremio propuso ampliar hasta 5.000 hectáreas el límite de extensión para el pequeño productor minero y elevar su capacidad instalada hasta 1.000 toneladas métricas por día, así como hasta 1.200 toneladas para actividades no metálicas y materiales de construcción, bajo los mecanismos de fiscalización correspondientes.

Según CONADEMI, estas modificaciones permitirían actualizar la normativa frente a las condiciones productivas actuales y facilitar el crecimiento de los pequeños productores dentro del marco legal.

Bancarización, minería ancestral y seguridad jurídica
CONADEMI también solicitó incorporar un tratamiento financiero y tributario adecuado para la pequeña minería, que facilite la bancarización, la trazabilidad de las operaciones y el acceso progresivo a la formalidad.

Asimismo, planteó que la nueva ley contemple mecanismos de prevención del lavado de activos adaptados a las características y riesgos del sector, evitando que las restricciones financieras terminen incentivando el uso de efectivo y las operaciones fuera del sistema bancario.

Del mismo modo, pidió reconocer las particularidades de la minería ancestral, actividad que, según el gremio, requiere un marco normativo específico por sus características familiares, comunales y de subsistencia.

En materia penal, la organización solicitó revisar la concordancia entre las disposiciones contra la minería ilegal y los procedimientos administrativos de formalización, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica y evitar interpretaciones que afecten indebidamente a quienes buscan regularizar su actividad.

«Distinguir para no criminalizar»
Por su parte, la vicepresidenta de CONADEMI, Nohelia Llerena Ccasani, enfatizó la necesidad de diferenciar a las organizaciones dedicadas a actividades criminales de los pequeños productores mineros y mineros artesanales que participan en procesos de formalización.

Bajo la premisa «Distinguir para no criminalizar», Llerena Ccasani advirtió sobre los riesgos de generalizar conductas y responsabilidades entre los distintos actores de la actividad minera, señalando la importancia de contar con un marco normativo que reconozca sus diferencias.

En esa línea, CONADEMI reafirmó su respaldo a la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado, así como la necesidad de fortalecer la seguridad en las zonas extractivas, donde pequeños productores y trabajadores enfrentan amenazas, extorsiones y otras manifestaciones de criminalidad organizada.

Finalmente, CONADEMI informó que ha conformado un equipo técnico especializado en seguridad y puso a disposición de la Comisión de Energía y Minas sus propuestas para enfrentar estos problemas, así como a sus especialistas para participar en la revisión del proyecto de ley artículo por artículo.

La organización reiteró que el Perú necesita una Ley MAPE que no se limite a reemplazar el REINFO, sino que establezca una ruta de formalización viable, con reglas claras, obligaciones concretas para el Estado y oportunidades reales para la pequeña minería y la minería artesanal.

CONADEMI
MINERÍA PARA TODOS

La formalización minera necesita reglas que hagan viable esa promesa. No estoy hablando de flexibilizar exigencias fundamentales, pues existen parámetros mínimos que deben respetarse, especialmente la protección del medio ambiente. Sin embargo, si como Estado realmente queremos que nuestros pequeños productores mineros y mineros artesanales accedan a la formalización, debemos preguntarnos por qué el REINFO no ha logrado cumplir su propósito y trabajar para superar las barreras identificadas.

Me refiero a obstáculos que no dependen de la voluntad del minero: procedimientos administrativos que demoran mucho más de los plazos legales o requisitos condicionados a decisiones de terceros. Un ejemplo es la dificultad para alcanzar acuerdos con los titulares de concesiones mineras, incluso cuando estas permanecen sin explotación efectiva.

¿Significa esto que debemos desconocer los derechos de los concesionarios? De ninguna manera. Lo que necesitamos son mecanismos que permitan superar estas dificultades, respetando los derechos de todas las partes.

Frente a esta realidad surge CONADEMI, una organización que reúne a abogados, ingenieros y profesionales de distintas especialidades para acompañar a quienes buscan formalizarse, identificar las barreras que enfrentan y promover soluciones concretas ante el Estado.

Nuestra posición es clara: no defendemos una minería sin reglas ni respaldamos actividades que atenten contra el medio ambiente. Defendemos al minero dispuesto a cumplir la ley, que entiende que formalizarse implica inversión, esfuerzo y responsabilidad. Por eso, también es importante distinguir entre quien deliberadamente evade las normas y quien busca cumplirlas, pero enfrenta obstáculos que escapan de su control.

Desde la premisa exacta de la vigencia del Estado de derecho en nuestro país, considero fundamental recordar que el hecho de que una exigencia esté prevista en una norma no significa que no pueda cuestionarse o mejorarse. Las normas deben cumplirse, pero también evaluarse para determinar si están logrando su propósito. Revisar aquellas que dificultan injustificadamente la formalización no significa renunciar a las exigencias ambientales, laborales o legales.

No olvidemos que detrás de la pequeña minería existen trabajadores, emprendedores y familias que buscan oportunidades de desarrollo. Su formalización puede generar mayor empleo, contribuir a la recaudación tributaria y mejorar las condiciones en las que se desarrolla esta actividad.

La formalización no debe ser una promesa inalcanzable, sino una oportunidad real para quien está dispuesto a cumplir la ley. Ese es nuestro compromiso desde CONADEMI: dar voz y acompañar a quienes quieren formalizarse, porque una minería responsable no se construye únicamente imponiendo obligaciones, sino también haciendo posible su cumplimiento.

Consultor forense internacional

De Pataz a las regiones auríferas de África, la expansión de economías criminales revela una transformación preocupante: la violencia puede convertirse en un instrumento para controlar recursos, territorios y trabajadores. En medio de estas disputas, las comunidades mineras tradicionales enfrentan riesgos crecientes y una protección institucional que necesita fortalecerse.

La riqueza mineral y las nuevas formas de violencia

La minería ha formado parte de la historia económica y social del Perú durante siglos. Particularmente, la minería artesanal constituye una actividad tradicional que proporciona trabajo, sustento e identidad productiva a numerosas comunidades. La legislación peruana reconoce su importancia como fuente de empleo y desarrollo en territorios económicamente vulnerables.[1]

Su reconocimiento no implica desconocer los desafíos ambientales, laborales y de formalización, sino distinguir una práctica económica legítima de las organizaciones criminales que utilizan la extracción mineral para obtener beneficios mediante la violencia.

El problema contemporáneo no radica simplemente en la existencia de actividades mineras informales, sino en la aparición de estructuras económicas con capacidad para financiar grupos armados, imponer mecanismos de coerción y disputar el control de yacimientos, galerías y rutas comerciales.

En estas circunstancias, el poder económico puede traducirse en poder territorial, mientras la violencia deja de ser un acontecimiento excepcional para convertirse en un instrumento de regulación criminal del mercado.

Pataz: una crisis que trasciende La Libertad

Pataz representa una de las expresiones más preocupantes de esta transformación. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el distrito registró una tasa de 315 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a un promedio nacional de 6,6, según el Instituto Peruano de Economía.[2] Aunque estas cifras no permiten atribuir automáticamente todos los homicidios a conflictos mineros, constituyen un indicador extraordinario de violencia letal.

El asesinato de 13 trabajadores vinculados a actividades mineras en 2025 evidenció la vulnerabilidad de quienes desarrollan sus labores en espacios donde existen disputas violentas por el control de recursos.[3]

Las consecuencias tampoco se limitan a Pataz. Las redes de transporte, comercialización, financiamiento y circulación de personas pueden extender los efectos de la criminalidad hacia otras provincias de La Libertad. La prensa ha documentado hechos violentos en Trujillo que involucraron a personas relacionadas con la actividad minera de Pataz.[4]

La magnitud del fenómeno obliga a evaluar si la región dispone de capacidades suficientes para prevenir ataques, investigar homicidios, proteger trabajadores y responder a las necesidades de las familias.

Pataz es, además, un ejemplo de una problemática nacional. Ananea, en Puno, e Inambari y Laberinto, en Madre de Dios, presentan también elevadas tasas de homicidios.[2] La coincidencia con territorios extractivos no demuestra causalidad, pero justifica investigar la relación entre economías criminales, disputas territoriales y mortalidad violenta.

El poder económico y la seguridad armada

Una dimensión especialmente sensible es la capacidad de determinados actores económicos para financiar mecanismos armados de protección o control.

En la minería ilegal, organizaciones criminales pueden emplear grupos armados para asegurar instalaciones clandestinas, controlar accesos, intimidar competidores o imponer pagos extorsivos. La violencia puede constituir así una inversión destinada a proteger beneficios económicos.[3]

En paralelo, las empresas mineras formalmente constituidas pueden contratar servicios privados de seguridad. Esta actividad es legítima cuando se desarrolla dentro del marco jurídico. Sin embargo, en territorios donde concurren distintos actores armados, la proliferación de dispositivos de seguridad plantea riesgos que exigen supervisión efectiva.

Es indispensable diferenciar los servicios legalmente autorizados de los grupos armados irregulares. La contratación de seguridad privada no constituye evidencia de criminalidad empresarial. Cualquier denuncia sustentada sobre vínculos entre operadores económicos y estructuras armadas ilegales debe investigarse independientemente.

En medio de estas relaciones desiguales, los trabajadores artesanales pueden quedar expuestos a amenazas, extorsiones y desplazamientos. Muchos carecen de recursos equivalentes para proteger sus actividades y terminan atrapados en conflictos que no controlan.

Zimbabue: la normalización de las muertes evitables

La experiencia de Zimbabue ofrece una perspectiva especialmente relevante. Melusi Nkomo, antropólogo e investigador afiliado al Departamento de Geografía de la Universidad de Zúrich, Suiza, y anteriormente investigador y docente del Programa de Estudios Africanos de la Universidad de Princeton, ha desarrollado investigaciones etnográficas sobre las relaciones entre minería, violencia, trabajo y poder político en África austral.

En su reciente estudio publicado en American Anthropologist (2026), Nkomo documenta cómo los derrumbes, explosiones, enfrentamientos entre grupos y deficiencias de infraestructura sanitaria constituyen riesgos recurrentes para las comunidades vinculadas a la minería artesanal en Kwekwe.[5] Su concepto de abandono calibrado (calibrated neglect) describe una modalidad de ejercicio del poder en la que la protección estatal se posterga frente a riesgos conocidos, mientras las autoridades intervienen selectivamente durante episodios de lesiones, muerte o duelo.

Su investigación plantea una pregunta fundamental para el Perú: ¿están nuestras instituciones organizadas para prevenir riesgos conocidos o principalmente para reaccionar cuando las tragedias ya han ocurrido?

No se trata de equiparar automáticamente las realidades de ambos países, sino de reconocer que la insuficiencia sostenida de protección, prevención e investigación puede contribuir a normalizar daños evitables y perpetuar condiciones de vulnerabilidad.

República Democrática del Congo: la economía de la violencia

Una segunda comparación proviene de la República Democrática del Congo, donde los conflictos armados han mantenido una compleja relación con el control territorial, la explotación de recursos naturales y los intereses económicos de diversos actores.

En The War That Doesn’t Say Its Name, Jason K. Stearns, investigador especializado en los conflictos de África central, analiza la persistencia de la violencia en el este congoleño y explica cómo determinados actores políticos y militares han desarrollado intereses materiales vinculados a su continuidad.[6] Su interpretación permite comprender que, bajo ciertas condiciones, el conflicto no solamente destruye riqueza: también puede generar beneficios para quienes controlan territorios, recursos y redes comerciales.

Durante más de ocho años de experiencia profesional en África, particularmente en la región de los Grandes Lagos de la República Democrática del Congo, he tenido la oportunidad de conocer de cerca las profundas consecuencias humanas de la violencia. Mi participación en investigaciones forenses relacionadas con presuntos crímenes internacionales, incluidos hechos de violencia sexual, tortura, masacres, asesinatos selectivos y enterramientos clandestinos, me ha permitido comprender la complejidad de estos escenarios, en los que convergen factores históricos, políticos, territoriales, económicos e institucionales. Estas experiencias constituyen observaciones profesionales desde la optica forense que invitan a un análisis integral y prudente, evitando atribuciones generalizadas sobre las motivaciones de los actores involucrados.

Si bien la realidad congoleña responde a circunstancias históricas y políticas distintas de las peruanas, ambas experiencias permiten reflexionar sobre una hipótesis relevante: en determinados contextos, los beneficios económicos asociados al control territorial y de recursos pueden generar incentivos que dificultan la reducción de la violencia y la consolidación de soluciones institucionales sostenibles.

Desde esta perspectiva, resulta fundamental que las investigaciones no se limiten a los hechos violentos y sus responsables directos, sino que también examinen, mediante evidencia verificable, las posibles redes de financiamiento, relaciones económicas y estructuras de poder que contribuyen a su persistencia. Comprender estas dinámicas constituye un paso esencial para fortalecer la prevención, la investigación científica y la administración de justicia.

El terrorismo de lucro, la crisis de la evidencia forense y la gobernanza institucional

En este contexto, la expresión terrorismo de lucro adquiere relevancia en el debate público peruano como concepto analítico para examinar determinadas manifestaciones de criminalidad organizada que recurren sistemáticamente a la violencia y la intimidación colectiva para obtener beneficios económicos, controlar mercados y ejercer dominio territorial.[7] Su utilización exige distinguir estas estructuras criminales de la minería artesanal y otras actividades extractivas, evitando generalizaciones que puedan comprometer derechos fundamentales o estigmatizar actividades productivas tradicionales.

La expansión de la criminalidad organizada plantea importantes desafíos para la justicia peruana, particularmente frente a las limitaciones que afectan la producción oportuna de evidencia forense confiable. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML-CF) del Ministerio Público enfrenta brechas estructurales en infraestructura, tecnología, financiamiento, personal especializado y gestión de calidad. Como hemos señalado recientemente junto con otros colegas en un análisis comparativo de los sistemas forenses latinoamericanos (Parra et al., 2026), el sistema forense peruano enfrenta desafíos estructurales relacionados con la fragmentación institucional, la limitada articulación operativa y la ausencia de una estrategia nacional sostenible de gestión de la calidad forense, condiciones que evidencian la necesidad de fortalecer su gobernanza y desarrollo científico.[11]

La dimensión presupuestaria agrava estos desafíos. En 2026, el IML-CF contó con un presupuesto inicial aproximado de S/ 258,2 millones, mientras que en 2025 identificó necesidades adicionales por S/ 134,4 millones.[10] Como ejemplo, resulta preocupante que La Libertad, una región de considerable importancia económica y actividad extractiva, continúe enfrentando deficiencias en su principal sede forense de Trujillo, cuya infraestructura, equipamiento tecnológico y morgue requieren modernización. Esta situación evidencia la necesidad de articular el desarrollo económico regional con una inversión sostenida en capacidades científicas que permitan investigar eficazmente la violencia criminal y garantizar una justicia sustentada en evidencia confiable.

Superar esta situación exige una gobernanza forense moderna, financiamiento sostenible, innovación tecnológica, fortalecimiento del capital humano y sistemas de aseguramiento de la calidad, conforme a los principios de la Declaración de Sídney.[8] La cooperación internacional y la participación responsable del sector privado, mediante transferencia científica y mecanismos como Obras por Impuestos, pueden complementar los esfuerzos estatales, preservando la independencia pericial y la supervisión pública.[9]

Combatir la impunidad requiere fortalecer las capacidades científicas del IML-CF como institución estratégica para el Ministerio Público y la administración de justicia.

La fortaleza del Estado no reside únicamente en sancionar la criminalidad, sino también en su capacidad científica para esclarecer los hechos, combatir la impunidad y proteger los derechos de la sociedad en su conjunto.

Cuando el oro vale más que la vida

Las experiencias de Perú, Zimbabue y la República Democrática del Congo revelan, desde contextos diferentes, una preocupación común: la vulnerabilidad de las poblaciones cuando la riqueza extractiva convive con economías criminales, violencia organizada y capacidades institucionales insuficientes.

Pataz constituye una advertencia nacional sobre la necesidad de proteger las actividades productivas tradicionales, investigar las estructuras económicas que sostienen la violencia y superar las brechas del sistema forense peruano.

La respuesta exige una gobernanza institucional sólida, financiamiento sostenible, modernización tecnológica, cooperación internacional y participación responsable del sector privado, preservando siempre la independencia científica.

Fortalecer el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses resulta esencial para transformar los hallazgos científicos en evidencia confiable al servicio del Ministerio Público y la administración de justicia.

La verdadera fortaleza del Estado no reside únicamente en sancionar la criminalidad, sino en prevenir la violencia, esclarecer científicamente los hechos y garantizar que la vida, la justicia y los derechos de la sociedad prevalezcan sobre cualquier interés económico.

Notas y referencias

[1] Congreso de la República del Perú. (2002). Ley N.º 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. Texto legal.

[2] Instituto Peruano de Economía. (2026). Cuatro de los diez distritos con más homicidios registran minería informal. IPE. Véase también Ardiles, A. (2026, 29 de septiembre). El mapa de los homicidios: Pataz alcanza una tasa de 315 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El Comercio.

[3] Reuters. (2025, 7 de mayo). Grisly Peru mining murders spotlight ‘gold curse’ in the Andes. Reuters. Ministerio del Interior del Perú. (2025, 15 de mayo). Coordinación entre Policía Nacional de Perú y Colombia permitió captura de alias «Cuchillo». Gob.pe.

[4] Ardiles, A. (2026, 29 de septiembre). El mapa de los homicidios. El Comercio. Véase la referencia [2].

[5] Nkomo, M. (2026). Burying futures: Artisanal mining deaths and the politics of negligence in Zimbabwe. American Anthropologist. https://doi.org/10.1111/aman.70120

[6] Stearns, J. K. (2022). The war that doesn’t say its name: The unending conflict in the Congo. Princeton University Press. Editorial.

[7] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2026, 15 de septiembre). Ministro Álvarez: «El trabajo del INPE se comienza a solucionar con inteligencia llevada a cabo por expertos». Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/1444811-ministro-alvarez-el-trabajo-del-inpe-se-comienza-a-solucionar-con-inteligencia-llevada-a-cabo-por-expertos

[8] Roux, C., et al. (2022). The Sydney declaration – Revisiting the essence of forensic science through its fundamental principles. Forensic Science International, 332, 111182. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2022.111182

[9] Congreso de la República del Perú. (2008). Ley N.º 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y sus modificatorias. Marco normativo de Obras por Impuestos.

[10] Ministerio Público – Fiscalía de la Nación. (2025). Información presupuestaria y requerimientos para el fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Documentación presentada ante el Congreso de la República del Perú.

Documento institucional: https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2024/cean-reforma-integral-sistema-admin/files/ofi_005407_mp_anexo_ru2035765-oficio-5407-2025-mp-fn-segfin-20250908.pdf

Ministerio de Economía y Finanzas. (2026). Consulta Amigable: información presupuestaria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

[11] Parra, R. C., Iannacone, G. C., Alvarez-Godoy, A. G., Castellanos, D., Garcia-Marroquin, R., & Vasquez-Guerrero, J. L. (2026). Latin America in forensic action: Quality standards alone do not provide an infallible quality assurance. En R. C. Parra & A. G. Alvarez-Godoy (Eds.), Forensic Science and Quality Management: Addressing the Era of Standardization in Challenging Environments (cap. 10, pp. 225–250). Wiley.

[1] Experto forense peruano con más de 25 años de experiencia internacional en África, Medio Oriente y Latinoamérica. Vinculado a las Naciones Unidas y exfuncionario del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Ministerio Público peruano. Coeditor de Forensic Science and Quality Management: Addressing the Era of Standardization in Challenging Environments(2026), obra de referencia internacional publicada por Wiley bajo los auspicios de la American Academy of Forensic Sciences (AAFS). Especialista en gobernanza y fortalecimiento de sistemas forenses. Su proyecto doctoral en la University of Technology Sydney (UTS) busca fortalecer los sistemas forenses del Sur Global, especialmente en países afectados por la violencia y las limitaciones institucionales, mediante modelos de gobernanza, desarrollo de capacidades y movilización de recursos internacionales complementarios al financiamiento estatal. Más información: www.rcpforensics.com.

CONADEMI impulsa la incorporación de las primeras comisiones de minería en la Cámara de Comercio del Cusco e INCUSE

Las reuniones institucionales realizadas en el Cusco buscan incorporar espacios especializados en minería en ambas entidades y desarrollar actividades de difusión en la región.

El Consejo Nacional de Minería (CONADEMI) sostuvo reuniones institucionales en la ciudad del Cusco con Guido Bayro, directivo del Instituto Cusqueño de Economía (INCUSE), y Vladimir Luna, director de Economía de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción del Cusco. Los encuentros tuvieron como objetivo impulsar la incorporación de las primeras comisiones de minería en dichas entidades y desarrollar actividades de difusión en esta importante región del país.

La Cámara de Comercio del Cusco cuenta con afiliados de la gran y mediana minería, aunque no dispone de un área especializada en el sector minero. Esta situación pone de relieve la oportunidad de fortalecer espacios de interlocución que permitan atender las particularidades de la actividad minera y ampliar su vinculación con la agenda empresarial regional.

Este acercamiento cobra relevancia por la necesidad de conectar la agenda minera con la realidad económica de las regiones. El diálogo con instituciones de análisis económico y representación empresarial puede contribuir a comprender mejor los desafíos del sector y explorar oportunidades de colaboración con otros actores productivos.

Para los pequeños productores mineros y mineros artesanales, estos espacios ofrecen una oportunidad para dar mayor visibilidad a sus necesidades ante instituciones regionales. Asimismo, una articulación sostenida puede facilitar el intercambio de información y la identificación de iniciativas que favorezcan su integración en la economía formal y en las cadenas de valor locales.

En representación de CONADEMI participo su directora, Nohelia Llerena Ccasani; y Miyoko Nikaido y Rosario Navarro, integrantes del equipo de Compliance. La reunión constituye un acercamiento institucional cuyo potencial está en construir una agenda compartida que conecte las necesidades del sector minero con las oportunidades de desarrollo del Cusco.

Hans Behr Lescano

Antropólogo

Mucho antes de ser considerada una industria o una simple fuente de transacciones comerciales, la minería en el antiguo Perú nació como una expresión de la cosmovisión andina, teniendo una parte mística, pero también artística, así como utilitaria. El poblador precolombino no veía al mineral como una riqueza acumulable, sino como un elemento sagrado de la Pachamama (Madre Tierra).

Evidencias arqueológicas sitúan los inicios de la metalurgia andina hace más de cuatro milenios, con hallazgos tempranos de oro nativo en Puno. Culturas como Chavín, Moche, Nazca y Sicán perfeccionaron técnicas sofisticadas como el repujado, laminado y la aleación de la tumbaga (cobre y oro). El oro representaba las lágrimas del sol y la plata el fulgor de la luna, usándose casi exclusivamente para fines ceremoniales, políticos y religiosos que consolidaban la cohesión social. En el imperio Inca, se transformó la recolección artesanal en una administración sistemática de los recursos, pues introdujeron el uso de las wayras (hornos portátiles de arcilla que aprovechaban la fuerza del viento para fundir metales) y organizaron la extracción mediante turnos de trabajo regulados y seguros. El cobre, a diferencia de los metales preciosos, rompió la frontera ceremonial y se convirtió en la base tecnológica para producir herramientas agrícolas y armas, impulsando el desarrollo de la civilización andina. Estas actividades no solo tuvieron una finalidad económica, sino que también estuvieron vinculadas con la organización social, la tecnología y la identidad de las comunidades. Por ello, hablar de minería implica reconocer que esta tiene una historia, en la que se construyen conocimientos que forman parte de la diversidad cultural del país, con lo que podemos tener una nueva mirada a las formas de desarrollo del sector.

            Ya en la colonia y después en la república, la minería sufre un giro drástico, dictado por los cambios en los sistemas políticos y económicos. Es en esas épocas donde las percepciones sobre la minería cambian a ser fuente de saqueo colonial, pasando luego a ser instrumento de desarrollo republicano. Resultado de estos procesos, tomados solo como sectoriales, los efectos se centran en focos de conflicto socio ambiental, terminando esta actividad como generadora de recursos, pero también de conflictos.

Y es ahí, donde el Ministerio de Cultura tiene un papel importante en la protección y salvaguardia de aquellos conocimientos, prácticas y tecnologías tradicionales que puedan formar parte del patrimonio cultural. La Ley N.° 28296 considera dentro del patrimonio cultural inmaterial los conocimientos tradicionales y colectivos, así como los conocimientos tecnológicos y otras expresiones culturales transmitidas por las comunidades. Además, el propio Ministerio de Cultura señala que entre las manifestaciones que pueden formar parte del patrimonio inmaterial se encuentran las prácticas y tecnologías productivas, los conocimientos y saberes de las comunidades. Dicha ley avala lo comentado.

Esto permite plantear que determinadas expresiones vinculadas con la minería ancestral pueden ser estudiadas y salvaguardadas desde una perspectiva cultural, especialmente cuando continúan formando parte de la historia, los conocimientos y las prácticas de determinadas comunidades, sino todas en determinados territorios. La minería ancestral es un punto de encuentro entre cultura, economía y desarrollo rural, pero ese reconocimiento no bastará si la actividad minera no recupera la confianza de la sociedad. Entender por qué se la crítica no es una concesión: es el primer paso para que, con formalización, protección ambiental, respeto a las comunidades y salvaguardia de sus conocimientos, la minería contribuya al bienestar rural en un marco de estabilidad política, social y jurídica.

La importancia de la minería artesanal en el mundo rural también puede observarse en algunos estudios como el publicado en 2025 en la revista Industrial Data, realizado en la comunidad campesina de Llacuabamba, encontró una relación significativa entre la minería artesanal y el desarrollo comunitario. La investigación, basada en 179 trabajadores mineros, obtuvo una correlación interesante entre ambas variables y encontró relaciones positivas entre los impactos sociales, económicos y ambientales de la actividad y el desarrollo comunitario.

Este caso demuestra que, cuando se desarrolla bajo condiciones adecuadas, la actividad minera puede convertirse en una fuente de empleo e ingresos para las poblaciones rurales. El mismo estudio señala que la formalización puede contribuir a mejorar servicios comunitarios y las condiciones de vida de la población. No obstante, también reconoce la necesidad de considerar los impactos ambientales y de promover una gestión sostenible de los recursos. Por ello, el valor de la minería ancestral no se encuentra únicamente en el mineral extraído, sino también en los conocimientos que las comunidades han transmitido a través del tiempo. Reconocer estos saberes permite fortalecer la identidad cultural y, al mismo tiempo, comprender las formas en que las poblaciones rurales han construido sus medios de vida, considerando un elemento para la transformación del mundo rural, siempre que su desarrollo esté acompañado de formalización, protección ambiental, respeto a las comunidades y salvaguardia de sus conocimientos culturales. El reto no consiste únicamente en extraer recursos minerales, sino en lograr que la actividad contribuya al bienestar de las poblaciones y que los conocimientos tradicionales asociados a ella no desaparezcan. Así, reconocer la minería ancestral como parte de la historia y de la diversidad cultural del Perú permite mirar el desarrollo rural desde una perspectiva más amplia. La cultura y la economía no necesariamente deben entenderse como ámbitos separados, pueden complementarse cuando el Estado protege el patrimonio, promueve actividades sostenibles y garantiza que las comunidades participen en las decisiones que afectan su territorio y su futuro.

CONADEMI alerta sobre la criminalización de empresarios mineros por informalidad

Si eres empresario minero, un desbalance patrimonial o la falta de documentación sobre tus operaciones no debería convertirte automáticamente en sospechoso de lavado de activos.

Nohelia Llerena Ccasani, directora del Consejo Nacional de Minería (CONADEMI), analizó el Informe Defensorial N.° 286 y advirtió que trasladar presunciones tributarias al ámbito penal puede vulnerar tu presunción de inocencia, paralizar tu empresa y afectar irreversiblemente tu patrimonio.

CONADEMI sostiene que la informalidad operativa no constituye, por sí sola, una actividad criminal. Por ello, impulsa reglas claras, investigaciones con sustento probatorio y una formalización que proteja tus derechos sin debilitar la lucha contra el lavado de activos.

Ver informe: Aquí

Por: André Sota Sánchez

Es transcendental aclarar que la delegación de facultades legislativas no es una especie de regalo o cesión del poder legislativo al Ejecutivo, sino un mecanismo perfectamente regulado en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, con características precisas que lo distinguen de una transferencia genérica de funciones. Es excepcional, es temporal, se ejerce sobre materias específicas y se canaliza mediante decretos legislativos, nunca de forma abierta o indefinida. La herramienta es constitucionalmente válida y ha sido usada por prácticamente todos los gobiernos recientes, así que el conflicto no está en que se solicite, sino en la manera de usarla.

Según el borrador conocido, el Ejecutivo busca autorización para legislar en materia de seguridad ciudadana, militar, policial, penal, procesal penal y de ejecución penal, con el objetivo declarado de fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción tanto de la delincuencia común como de la criminalidad organizada. Esto se traduce en la intención de modificar nueve normas que conforman prácticamente todo el núcleo del sistema de justicia penal peruano, entre ellas el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal y la Ley contra el Crimen Organizado.

Sin embargo, resulta alarmante que la minería ilegal esté ausente como punto específico tanto en el borrador de facultades como en el mensaje a la nación, pese a que especialistas como Iván Arenas, también analista político, advierten que esta actividad ya superó al narcotráfico como principal motor de economías ilícitas en el país. Mientras la extorsión y el crimen organizado sí cuentan con cifras propias dentro del diagnóstico oficial, la minería ilegal queda diluida dentro de fórmulas genéricas sobre criminalidad organizada, sin un tratamiento penal diferenciado ni referencia a normas concretas que la regulen, como el régimen del Reinfo.

En contraste con lo que sí se pide en materia económica, dentro del capítulo de desarrollo productivo el proyecto plantea simplificar los requisitos del sector minero para fomentar la inversión y vincular la formalización con el otorgamiento de concesiones, además de reducir plazos y aplicar mecanismos como el silencio administrativo positivo en la aprobación de instrumentos ambientales. Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental, ha cuestionado este enfoque al señalar que lo ambiental y las áreas protegidas están siendo vistas en el proyecto como una traba para el desarrollo, cuando en realidad son lo contrario. A ello se suma que, según un análisis de Infobae sobre la exposición de motivos del proyecto, ecosistemas sin protección oficial, como cabeceras de cuenca, humedales y bosques secos, podrían quedar expuestos a la actividad minera, precisamente los espacios donde suele expandirse la minería ilegal. Mi principal reparo recae en esta desconexión entre dos caras del mismo pedido de facultades. Por un lado, se solicita mano dura penal y procesal para combatir la criminalidad organizada, pero sin mencionar de forma explícita a la minería ilegal como uno de sus componentes centrales. Por otro lado, en el terreno económico, se pide flexibilizar justamente el sector donde esa actividad ilícita se disfraza de formalización. Me parece que esta combinación no es casual ni menor, ya que mientras se refuerza el aparato represivo contra la delincuencia común, se abre la puerta a que la minería ilegal siga operando bajo el amparo de una regulación económica más laxa. Por eso considero que, antes de delegar facultades tan amplias, el Congreso debería exigir mayor especificidad sobre el contenido real de las reformas que se pretenden aprobar por decreto, y en particular que el Ejecutivo aclare cómo su propuesta de flexibilización minera se articula, o no, con su discurso de lucha contra el crimen organizado.

Nohelia Llerena Ccasani
Directora Del Consejo Nacional De Minería, CONADEMI

Para intentar atender a esta duda, que genera amplios conflictos en la opinión pública, resulta adecuado diferenciar los cuestionamientos más frecuentes:

I. ¿QUÉ ES EL REINFO?
El REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) es un registro administrativo de carácter temporal creado por el Estado para identificar y formalizar a las personas naturales que ejercen actividades de explotación y/o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal (MAPE) fuera del marco legal ordinario.
No es una licencia de operación definitiva, ni una concesión minera, ni implica la constitución de una empresa. Es un instrumento transitorio que otorga dos beneficios simultáneos mientras dure el proceso de formalización:

1. Autorización provisional para continuar desarrollando actividades mineras.
2. Exención de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal tipificado en los artículos 307-A y siguientes del Código Penal, siempre que el inscrito cumpla sus compromisos de formalización.

Base legal: Decreto Legislativo N° 1293 (29.12.2016) – «Decreto Legislativo que aprueba disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal»; Ley N° 31007 (reapertura, 2019); Ley N° 32213 (ampliación hasta 31.12.2026). Administrado vía plataforma SUNAT conforme al D.S. N° 018-2017-EM.

¿Cuál es su propósito?
El REINFO busca transitar el gran proceso de la informalidad a la formalidad en cuatro dimensiones:

• Ambiental: IGAFOM
• Legal: Acreditación de área
• Laboral: Planilla
• Tributaria: RUC activo
  El REINFO NO es una solución final, sino el inicio del camino hacia la formalización integral.
  Por su parte, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del Expediente N° 00017-2023-PI/TC (2025), confirmó que el REINFO tal y como lo han regulado los recientes gobiernos, no ha sido eficiente pues de 88,164 inscripciones, solo el 2.31% completó el proceso de formalización. Bajo esa lógica el Tribunal Constitucional exhortó al Congreso y al Poder Ejecutivo a diseñar un nuevo sistema articulado para la imprescindible ley MAPE, solicitud que, además, suscriben los empresarios que se desarrollan en este sector.

II. PERSPECTIVA LEGAL: DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESTRICCIONES
2.1. Derechos del Titular REINFO
A. Derecho a continuar la actividad minera
El principal derecho del titular REINFO es la autorización provisional para continuar realizando actividad minera extractiva durante el período de formalización. Sin el REINFO, la actividad informal constituiría minería ilegal (artículo 307-A del Código Penal).
IMPORTANTE: La inscripción en el REINFO distingue al minero informal del minero ilegal.
B. Derecho a suscribir contratos de explotación
El titular REINFO puede suscribir contratos de explotación con los titulares de concesiones mineras (personas naturales o jurídicas que poseen la concesión) para operar en sus áreas. También puede operar en zonas habilitadas por el Estado para la formalización.
C. Derecho a vender el mineral producido
El titular REINFO puede vender el mineral que extrae a compradores autorizados (plantas de beneficio, comercializadoras con registro MINEM). Esta venta genera las obligaciones tributarias descritas en la Sección IV.
D. Derecho a acceder a los mecanismos de apoyo del Estado
El D.L. 1293 y normas complementarias establecen que los REINFO pueden acceder a asistencia técnica del MINEM, capacitación en seguridad minera de OSINERGMIN y apoyo en la elaboración del IGAFOM a través de las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM).
E. Derecho a no ser perseguido penalmente por la actividad extractiva
Mientras mantenga el REINFO vigente y opere dentro de su alcance, el titular no puede ser procesado penalmente por el delito de minería ilegal (artículo 307-A CP). Sin embargo, el Tribunal Constitucional (Expediente N° 00017-2023-PI/TC, 2025) declaró inconstitucional la exención penal sin plazo definido, por lo que este derecho está condicionado al cumplimiento del proceso de formalización dentro del plazo vigente.
TC: La exención penal tiene límite temporal
La sentencia del TC (Expediente N° 00017-2023-PI/TC, 2025) estableció que el Estado no puede crear marcos de exención penal indefinidos. La protección penal del REINFO solo es válida mientras el proceso de formalización tenga un plazo razonable y se avance efectivamente. Bajo esa lógica, vencido el 31.12.2026 sin completar el procedimiento de formalización, el titular REINFO perdería toda protección penal y queda expuesto al artículo 307-A del Código Penal.
2.2. Obligaciones Legales del Titular REINFO
A. Obligaciones de formalización
• Suscribir un contrato de explotación con el titular de la concesión minera donde opera, o acreditar el derecho a usar el área (dentro de los plazos establecidos por el MINEM).
• Obtener la aprobación del IGAFOM (Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera) ante la DREM o el MINEM, según corresponda.
• Obtener la autorización de uso de agua ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para las operaciones que utilizan recursos hídricos.
• Obtener la autorización de inicio/reinicio de actividades del MINEM una vez cumplidos todos los requisitos.
• Actualizar anualmente la información en el registro REINFO ante el MINEM.
B. Obligaciones de información y reporte
• Reportar la producción mensual de mineral al MINEM en los formatos establecidos.
• Informar cualquier cambio en la actividad (nueva zona de operación, cambio de titular, etc.) dentro de los plazos reglamentarios.
• Mantener un registro de las ventas de mineral realizadas a compradores autorizados.
C. Obligaciones de cumplimiento normativo
• Operar exclusivamente en las zonas autorizadas y dentro de los límites de capacidad de su categoría (MA o PPM).
• No emplear métodos o equipos prohibidos (uso de mercurio en minería aurífera está en proceso de eliminación progresiva).
• Cumplir con las medidas de seguridad minera establecidas por OSINERGMIN.
• Permitir las inspecciones del MINEM, OSINERGMIN, OEFA y demás entidades de fiscalización.
2.3. Restricciones Legales del Titular REINFO
A. Restricciones geográficas
• ANP de uso indirecto: No puede operar en Áreas Naturales Protegidas de uso indirecto (parques nacionales, santuarios nacionales, santuarios históricos).
• Zonas de amortiguamiento: No puede operar en zonas de amortiguamiento de ANP, salvo excepciones expresamente autorizadas.
• Patrimonio cultural: No puede operar en zonas arqueológicas o con declaratoria de patrimonio cultural (bajo supervisión del Ministerio de Cultura).
• Cabeceras de cuenca: No puede operar en cabeceras de cuencas hidrográficas ni en glaciares.
• Zonas de exclusión: No puede operar en zonas declaradas expresamente como de exclusión minera por el MINEM u otras autoridades competentes.
B. Restricciones sobre la concesión y el REINFO
• El REINFO es personal e intransferible: no puede cederse, venderse ni transferirse a otra persona. Un nuevo titular debe tramitar su propio proceso de formalización.
• El REINFO no puede ser objeto de herencia directa: los herederos deben iniciar su propio trámite si desean continuar la actividad.
• No se admiten nuevas inscripciones desde 2021. Solo los REINFO ya inscritos pueden continuar.
• El titular REINFO no puede obtener concesión minera propia mientras mantenga el estatus de REINFO en zona de informalidad (debe completar la formalización).
C. Restricciones operativas
• La capacidad de producción está limitada a los parámetros de la categoría (MA: hasta 25 TMD; PPM: hasta 350 TMD). Superarlos implica pérdida del REINFO y calificación como minería ilegal.
• No puede operar en zonas declaradas de interdicción por el Gobierno Regional o el MINEM.
• No puede utilizar maquinaria o equipo que exceda la capacidad de su categoría.
Artículo 307-A Código Penal – Minería Ilegal (riesgo si se pierde el REINFO)
«El que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otros actos similares de recursos minerales, metálicos o no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años (…)»

III. ¿QUIÉN PUEDE SER REINFO?
No cualquier peruano puede ser REINFO.
La inscripción es restrictiva y exige el cumplimiento simultáneo de condiciones positivas y negativas establecidas en el artículo 2° del D.S. N° 001-2020-EM (que modificó el D.S. N° 018-2017-EM).
A. Condiciones positivas (quién SÍ puede)

• Persona que desarrolla actividad de explotación y/o beneficio de pequeña minería o minería artesanal con una antigüedad mínima de cinco (5) años.
• Contar con RUC activo, en renta de tercera categoría, con actividad económica de minería declarada ante SUNAT.
• No operar en áreas restringidas para la actividad minera (áreas naturales protegidas de uso indirecto, zonas urbanas, etc.).
  B. Impedimentos absolutos (quién NO puede)
• Quienes tengan sentencia condenatoria firme por delito de minería ilegal, lavado de activos (D. L. 1106) o trata de personas.
• Quienes hayan sido excluidos del REINFO por incumplimiento de obligaciones ambientales y/o de seguridad y salud ocupacional.
• Quienes estén inscritos en el Padrón de Terceras Personas Naturales y Seleccionadores Manuales de Oro (D.S. N° 027-2012-EM).
• Quienes sean personas inhábiles para ejercer actividad minera conforme al Título Cuarto del TUO de la Ley General de Minería (D.S. N° 014-92-EM).

IV. ¿AL 2026 CUALQUIER PERUANO PUEDE DECIDIR SER REINFO?
NO. El REINFO está cerrado para nuevas inscripciones desde el año 2021, a la fecha, es decir, al 2026 no existe ninguna ventana abierta para inscribirse por primera vez.

La Ley N° 32213, que amplió la vigencia del REINFO hasta el 31 de diciembre de 2026, solo extiende la vigencia de quienes ya estaban inscritos y mantienen sus requisitos de permanencia. No habilita nuevas inscripciones.
El proceso de formalización mediante REINFO ha tenido múltiples ‘últimas oportunidades’ de inscripción: D. L. 1105 (2012), D. Leg. 1293 (2016), Ley 31007 (2019) y D.S. 001-2020-EM. Luego de esas ventanas, el registro se cerró. Quien no se inscribió en su momento, no puede hacerlo hoy.
Adicionalmente, incluso cuando estuvo abierto, no bastaba con ser peruano: se requería demostrar actividad minera real con antigüedad de al menos 5 años, lo que excluía a cualquier ciudadano sin experiencia efectiva en el sector.

V. ¿EL REINFO SE PUEDE COMPRAR?
NO. El REINFO es una inscripción administrativa personalísima. No es un activo comercializable, no tiene precio de mercado legal y su transferencia a título oneroso es ilícita.
Jurídicamente, el REINFO no es un bien ni un derecho patrimonial autónomo.
Es el reconocimiento del Estado de una situación de hecho preexistente (actividad minera en proceso de formalización con previa) vinculada a una persona natural o jurídica específica. Por tanto, no puede ser objeto de compraventa.
También es importante hacer hincapié en que, existen redes de tráfico de REINFO, donde operadores delictivos los ‘alquilan’ o ‘venden’, involucrándose en sendos delitos, tal como lo ha resaltado

VI. ¿EL REINFO SE HEREDA?
NO. El MINEM derogó la disposición hereditaria mediante D.S. N° 010-2025-EM (01.06.2025), eliminando el denominado ‘REINFO hereditario’ que brevemente fue incorporado al reglamento.
En este ítem, la cronología es importante: en mayo de 2025, al reglamentarse la Ley N° 32213 mediante decreto supremo, se introdujo una cláusula que permitía a los herederos del titular REINFO fallecido continuar el proceso de formalización de forma automática. Esto generó un conflicto político, pues se interpretó como una opción para perpetuar el acceso de familias vinculadas a la supuesta “minería ilegal”.
Ante la situación generada, el MINEM publicó el D.S. N° 010-2025-EM el 1 de junio de 2025, derogando esa disposición. Como consecuencia, al fallecimiento del titular REINFO:

• No existe transferencia automática por herencia.
• Los herederos que deseen continuar deben acreditar su propia calidad de mineros informales con los requisitos generales.
• La continuidad del proceso solo puede solicitarse dentro del plazo de vigencia del proceso de formalización (hasta 31.12.2026) y constituyendo una persona jurídica que asuma las responsabilidades ambientales y legales.

VII. ¿EL REINFO TIENE RUC?
Sí. EL RUC ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA ACCEDER Y MANTENERSE EN EL REINFO. SIN RUC NO HAY REINFO. Las condiciones específicas son:
• RUC en situación ACTIVO (no suspendido ni de baja).
• Régimen: Renta de Tercera Categoría (actividad empresarial, no cuarta categoría/honorarios).
• Actividad económica declarada: minería (código CIIU correspondiente a pequeña minería o minería artesanal).
• Excepción única: las comunidades campesinas organizadas bajo la Ley N° 24656 están exoneradas del requisito de RUC en tercera categoría, pudiendo operar bajo su forma asociativa.

VIII. ¿EL REINFO PAGA IMPUESTOS?
SÍ. AL CONTAR CON RUC EN RENTA DE TERCERA CATEGORÍA, EL TITULAR REINFO TIENE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:
A. Impuesto a la Renta (3.ª Categoría)
Tributa según el régimen en que se encuentre: Régimen MYPE Tributario (RMT) si sus ingresos netos no superan las 1,700 UIT; Régimen Especial de Renta (RER) si no supera S/ 525,000 anuales; o Régimen General.
La tasa es del 10% sobre los primeros 15 UIT de utilidad neta y 29.5% sobre el exceso (en el RMT).
B. IGV
Si supera el umbral del Nuevo RUS (S/ 96,000 anuales), debe declarar y pagar IGV (18%). Los minerales están afectos al IGV, y el sector minero está sujeto al Sistema de Detracciones del IGV (SPOT), con tasas especiales para metales.

C. Declaración de producción semestral ante MINEM
Como es ampliamente conocido, no constituye un tributo, pero sí una obligación formal: el REINFO debe declarar su producción semestralmente (enero-junio y julio-diciembre) ante el MINEM vía extranet, dentro de los 10 días calendario posteriores al vencimiento de cada semestre.
El incumplimiento genera una causal de exclusión del REINFO.
D. Tributos que NO aplican al REINFO
• Impuesto Especial a la Minería (IEM – Ley N° 29789): aplica solo a los titulares de concesión de gran y mediana minería.
• Gravamen Especial a la Minería (GEM – Ley N° 29790): no aplica al segmento MAPE.
• Regalía Minera (Ley N° 28258 / Ley N° 29788): aplica a concesionarios titulares; el REINFO, al operar sobre área de tercero o en área libre, no es sujeto directo.

IX. ¿FUNCIONA COMO EMPRESA? ¿PUEDE CONTRATAR TRABAJADORES?
A. ¿Funciona como empresa?
El REINFO por sí mismo no crea una empresa ni una persona jurídica, ya que es un registro que reconoce una actividad.
Si el titular inscrito es una persona natural, opera como tal: es un trabajador independiente con actividad minera, no una empresa.
Si el titular es una E.I.R.L., S.A.C., cooperativa, comunidad campesina, sí funciona como empresa con todos los atributos correspondientes.
Es importante insistir en que el REINFO no otorga concesión minera ni derecho de explotación definitivo. La persona con REINFO opera sobre áreas de terceros (bajo contrato de cesión o acuerdo con el concesionario) o sobre áreas libres.
B. ¿Puede contratar trabajadores?
Sí puede tener trabajadores. Más aún, la normativa vigente de ampliación del REINFO incorporó como exigencia la formalización laboral: el titular debe registrar a sus trabajadores en planilla y cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional (D.S. N° 024-2016-EM y su modificatoria D.S. N° 023-2017-EM). El incumplimiento de las normas laborales y de SSO es causal de exclusión del REINFO.

• Obligaciones laborales: AFPs u ONP, EsSalud (9% de la remuneración), retención de 5ta categoría si corresponde.
• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR): obligatorio en el sector minero para actividades de alto riesgo.
• Planilla electrónica (T-Registro y PLAME) ante SUNAT.

X. JURISPRUDENCIA RELEVANTE
A. TC Exp. N° 00017-2023-PI/TC – Sentencia Hito (2025)
El Tribunal Constitucional declaró inadmisible por sustracción de la materia la demanda de inconstitucionalidad de la Ilustre Orden de Abogados de Loreto contra la Ley N° 31388 (que amplió el REINFO). Sin embargo, emitió pronunciamiento de fondo con efectos vinculantes:
• Ordenó que los poderes del Estado se abstengan de crear marcos normativos que eximan de responsabilidad penal, civil o administrativa en el proceso de formalización minera.
• Exhortó al Congreso y al Ejecutivo a elaborar un nuevo sistema de formalización MAPE con participación de mineros, concesionarios y comunidades.
• Advirtió riesgos graves: pérdida fiscal, daño ambiental, afectación a la salud y expansión de la criminalidad organizada.
B. TC Exp. N° 00019-2015-AI/TC
Sentencia anterior que evaluó la constitucionalidad del marco normativo de la formalización minera. El TC estableció que el Estado tiene la obligación de combatir la minería ilegal como amenaza al orden constitucional y al derecho a un medio ambiente equilibrado.

X. MARCO NORMATIVO SISTEMATIZADO
Norma / Instrumento Alcance
D.L. N° 1105 (2012) Primera norma de formalización minera. Crea el Registro de Saneamiento previo al REINFO.
D.L. N° 1293 (2016) Crea el REINFO como instrumento de formalización integral. Primera apertura del registro.
D.L. N° 1336 (2017) Disposiciones adicionales al proceso de formalización minera integral.
D.S. N° 018-2017-EM Reglamento del REINFO. Regula condiciones de acceso, permanencia y exclusión.
D.S. N° 038-2017-EM Reglamento del IGAFOM (Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera).
D.S. N° 001-2020-EM Modifica condiciones de acceso y permanencia; reestructura el REINFO.
Ley N° 31007 (2019) Reabre el REINFO por última vez. Tercera oportunidad de inscripción.
Ley N° 32213 (2025) Amplía la vigencia del REINFO hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que entre en vigor la Ley MAPE.
D.S. N° 010-2025-EM (2025) Deroga la disposición del ‘REINFO hereditario’. Prohíbe la transferencia automática por sucesión.
TC Exp. 00017-2023-PI/TC Jurisprudencia vinculante. El Estado no puede crear exenciones penales en formalización minera.

XI. CONCLUSIONES

1. El REINFO como instrumento de formalización necesita regulación adecuada. Solo 2.31% de inscritos completó el proceso, el Estado, en la práctica establece requisitos y se compromete a asumir obligaciones que, a la fecha, no ha cumplido (el primer ejemplo es el Censo Minero prometido en la última extensión del REINFO).
2. El REINFO NO es una empresa ni una concesión minera. Es un registro temporal que otorga una autorización provisional para seguir operando mientras desarrolla el proceso de formalización.
3. Al 2026 NO se puede ingresar al REINFO. El registro está cerrado para nuevas inscripciones. La Ley 32213 solo prorroga la vigencia de quienes ya estaban inscritos.
4. El REINFO NO se puede comprar. Es intransferible a título oneroso. Su tráfico ilícito configura modalidades previstas en el Código Penal.
5. El REINFO NO se hereda automáticamente. El ‘REINFO hereditario’ fue derogado por D.S. N° 010-2025-EM (01.06.2025).
6. El REINFO SÍ tiene RUC. Es requisito indispensable: RUC activo en 3° categoría con actividad minera.
7. El REINFO SÍ paga impuestos. IR de Tercera Categoría, IGV, en cuanto corresponda, detracciones-SPOT. No tributa IEM, GEM ni Regalía Minera porque corresponden a la mediana y gran minería.
8. El REINFO puede contratar trabajadores. Está obligado a registrarlos en planilla, pagar EsSalud, SCTR y cumplir normas de SSO.

La región La Libertad ocupa un lugar estratégico en el mapa minero del Perú. Con la ciudad de Trujillo como capital y epicentro de servicios imprescindibles del rubro, la región concentra el mayor volumen de producción aurífera del país, representando aproximadamente el 27.8% de la producción nacional de oro. Este liderazgo no es un fenómeno reciente: durante décadas, las cuencas de Pataz, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Otuzco han albergado operaciones tanto de gran y mediana minería como de una extensa y compleja actividad artesanal y en proceso de formalización que define el rostro social de la actividad extractiva en la región.

El XVI Congreso Nacional de Minería (CONAMIN 2026), realizado precisamente en Trujillo entre el 15 y el 19 de junio de 2026, recoge la importancia que esta región tiene en la agenda minera nacional.

En ese sentido, el presente texto revisa el estado actual de la actividad minera en La Libertad, con énfasis en los principales factores que la caracterizan: su aporte económico, la conflictividad vinculada a la minería ilegal, la crisis de seguridad en la región, el proceso inconcluso de formalización, y las perspectivas para los próximos años.

I. LA MINERÍA Y SU IMPORTANCIA EN LAS FINANZAS REGIONALES

La dependencia fiscal de La Libertad respecto a la actividad minera es estructural y de magnitud significativa. En la actualidad, cerca del 76% de los recursos provenientes del canon minero se distribuyen entre las municipalidades provinciales y distritales, especialmente en zonas productoras como Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.

Este esquema de distribución genera una paradoja estructural: las provincias con mayor actividad minera son también las más vulnerables a la violencia y al conflicto social, pero dependen casi exclusivamente de esos mismos recursos para financiar sus servicios públicos. La interrupción de operaciones mineras por conflictos no solo afecta la economía regional; impacta directamente la capacidad de gasto de los gobiernos locales en educación, salud e infraestructura.

El Gobierno Regional de La Libertad cerró el ejercicio 2025 con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de aproximadamente S/ 702 millones y una ejecución de 96.2%, cifra positiva en términos de gestión presupuesta.

II. LA CRISIS DE SEGURIDAD EN PATAZ: MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO

El punto más crítico del panorama minero de La Libertad en 2025 fue la escalada de violencia en la provincia de Pataz. El 4 de mayo de 2025 fueron hallados los cuerpos de trece trabajadores mineros ejecutados dentro de un socavón, luego de haber sido secuestrados el 26 de abril. Este hecho, que conmocionó al país, puso en evidencia el grado de penetración del crimen organizado en las zonas de extracción aurífera informal.

La respuesta del Ejecutivo incluyó la declaratoria de estado de emergencia en Pataz y la emisión de un Decreto de Urgencia que destinó más de S/ 52 millones para fortalecer la fiscalización, control y trazabilidad del transporte y comercialización de insumos y productos mineros. En retrospectiva, la reacción del gobierno central implicó una respuesta inmediata, pero sin el cuidado al respeto del ordenamiento legal vigente, lo que generó afectaciones colaterales en empresarios que desarrollan actividad en la zona.

III. MINERÍA INFORMAL Y EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN: REINFO Y SUS LÍMITES

Paralelamente a la mediana y gran minería, La Libertad alberga una extensa actividad de pequeña minería y minería artesanal. Así, y sumado a este último grupo de empresarios, tenemos al REINFO como la fórmula legal que permite a operadores del rubro continuar trabajando mientras avanzan en el proceso de formalización, tal es así que la región concentra entre 2,300 y 3,000 inscritos activos en este registro, siendo una de las más representativas a nivel nacional.

El proceso de formalización ha enfrentado y enfrenta críticas sostenidas, pues para los detractores, el REINFO se ha convertido en un sistema que permite operar en condiciones “excesivamente flexibles”, mientras el Estado otorga ampliaciones de plazo sin obtener resultados de avances significativos.

Sin embargo, esta postura no considera u olvida que la misma norma subrayó sendas obligaciones recaídas sobre el aparato estatal vinculado a este procedimiento, como, por ejemplo, la orden de desarrollo un régimen tributario especial, fiscalizaciones ejecutadas por la SUNAFIL, la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, a ejecutarse por el INEI, el MINEM y el INGEMMET en un plazo máximo de doce meses (medida, postergada durante años, resulta fundamental para conocer con exactitud la dimensión real del sector informal y diseñar políticas de formalización con base empírica), entre otras, que NO SE HAN CUMPLIDO HASTA LA FECHA.

IV. PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CARTERA MINERA

A pesar del complejo contexto de seguridad y conflictividad, La Libertad mantiene una cartera activa de inversión minera, logrando concentrar, aproximadamente, 27 proyectos mineros y unidades de exploración activos, entre otros.

La realización del XVI CONAMIN 2026 en Trujillo es un indicador simbólico y práctico de la centralidad de La Libertad en el sector. Para el ecosistema de servicios mineros con base en Trujillo, este tipo de eventos refuerza el posicionamiento de la ciudad como hub logístico, financiero y de servicios del sector minero del norte del Perú.

V. DIMENSIÓN AMBIENTAL

La actividad minera informal, -a diferencia de aquella que se encuentra en proceso de formalización- en La Libertad genera pasivos ambientales de consideración, especialmente en cuencas como la del río Marañón y sus afluentes en la zona de Pataz.

El Estado peruano ha comprometido la eliminación del mercurio en la minería como parte de sus obligaciones bajo el Convenio de Minamata, ratificado en 2016. Sin embargo, la implementación de alternativas tecnológicas y la fiscalización del tráfico de mercurio siguen siendo insuficientes, pues el control sobre el compliance de estas actividades no puede quedar en el rango de la administración o formalidad de este sector, sino que, por el contrario, se requiere mayor control y fiscalización in situ, sea en planta, caminos, o sobre los medios de transporte.

VI. PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS HACIA 2027

El futuro de la actividad minera en La Libertad depende de la capacidad del Estado para atender simultáneamente tres frentes críticos:

1. Seguridad en zonas de producción: La recuperación de la presencia del Estado en Pataz y otras zonas de conflicto es condición necesaria para que la minería formal pueda operar sin interrupciones y para que el proceso de formalización tenga verdadera viabilidad. Sin seguridad, no hay formalización posible.
2. Formalización efectiva: El Censo Nacional de la MAPE, ejecutado oportuna y eficientemente, puede proveer la base informacional necesaria para diseñar una política de formalización diferenciada, con plazos realistas y sanciones efectivas para quienes no cumplan.

El precio del oro, que se mantuvo en niveles históricamente altos durante 2024 y 2025, seguirá siendo el principal motor de la actividad formal. Pero la renta minera solo puede convertirse en desarrollo sostenible si el marco institucional garantiza seguridad jurídica, orden público y redistribución eficiente de los beneficios.

VII. CONCLUSIONES

La actividad minera en Trujillo y La Libertad presenta en 2026 una fotografía de marcadas contradicciones: es la región que más oro produce en el Perú, que más recursos genera para el fisco regional, y que al mismo tiempo concentra algunos de los episodios más graves de inseguridad y criminalidad. Esta dualidad no es accidental: es el resultado de décadas de actividad minera sin institucionalidad suficiente.

La realización del CONAMIN 2026 en Trujillo es una oportunidad para que la industria y el Estado reafirmen su compromiso con una minería responsable. Pero los retos son concretos y urgentes: recuperar Pataz del crimen organizado, avanzar eficientemente con el proceso de formalización, y asegurar que los beneficios de la actividad extractiva se traduzcan en mejores condiciones de vida para las poblaciones de las zonas productoras.

La Libertad tiene un potencial aurífero superlativo. El desafío es construir también la institucionalidad que permita que ese potencial se traduzca en desarrollo para los empresarios y la ciudadanía comprometida en trabajar para lograr una minería sostenible y responsable en esta gran región.

Resumen: El presente texto intenta responder a la consulta sobre si un ciudadano peruano que dispone de capital puede, por ese solo hecho, dedicarse lícitamente a la pequeña minería. La respuesta rápida es afirmativa en principio, pero condicionada al cumplimiento de un conjunto articulado de requisitos legales, administrativos y ambientales que van mucho más allá del mero financiamiento inicial.

100 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE MINERÍA EN EL PERÚ – PREGUNTA 001

I. INTRODUCCIÓN

Como es ampliamente reconocido, la minería es una de las actividades económicas más relevantes del Perú, no en vano contribuye de manera significativa al Producto Bruto Interno (PBI), a las exportaciones y a las finanzas públicas a través del canon minero. Sin embargo, la pregunta inicialmente sencilla, puede tener más de una respuesta: ¿puede cualquier ciudadano peruano con capital disponible decidir, mañana, iniciar un negocio de pequeña minería?

La normativa vigente nos indica que sí, que la Constitución Política del Perú garantiza el derecho a la libre iniciativa privada (artículo 58°) y a la libertad de empresa, comercio e industria (artículo 59°). Sin embargo, la minería no es una actividad económica ordinaria. Los recursos minerales son bienes de dominio público, pertenecen a la Nación, y su aprovechamiento está sujeto a un régimen concesional que el Estado administra con un conjunto exigente de condiciones.

Este texto examina el marco normativo desde la perspectiva práctica de quien, con financiamiento disponible, ha decidido apostar por hacer empresa en el país, y operar una unidad de pequeña minería. Para este objeto se considera el rubro constitucional, la Ley General de Minería, los mecanismos de formalización y la realidad del proceso administrativo que supone obtener todas las autorizaciones necesarias.

II. EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LOS RECURSOS MINERALES

2.1. Los recursos naturales como bienes de la Nación

El punto de partida es el artículo 66° de la Constitución Política del Perú de 1993, que establece que los recursos naturales —renovables y no renovables— son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento y, por ley orgánica, fija las condiciones de su utilización y otorgamiento a particulares. Este principio de dominio eminente del Estado sobre los recursos minerales es la razón por la que nadie puede simplemente iniciar una actividad minera con el solo hecho de tener dinero: requiere una habilitación estatal previa.

Esta postura es coherente con la tradición jurídica latinoamericana y con el régimen de regalías, según el cual el subsuelo y sus riquezas pertenecen al Estado con independencia de quién sea el propietario del suelo superficial. El Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-92-EM (en adelante, «LGM»), recoge este principio en su artículo 1°, al establecer que todos los recursos minerales pertenecen al Estado y que su aprovechamiento se realiza en armonía con el interés público.

2.2. La libertad para solicitar concesiones y desarrollar actividad minera

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 2° de la LGM establece que «todas las personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, tienen igual derecho a solicitar concesiones mineras». Esta norma materializa, en el ámbito minero, el mandato constitucional de libertad de empresa. En consecuencia, sí, cualquier peruano —y también cualquier extranjero— puede en principio solicitar una concesión minera y desarrollar actividad minera en el Perú.

«Todos los recursos minerales pertenecen al Estado; su aprovechamiento se realiza bajo el principio del interés público y de la protección del medio ambiente.» — Art. 1° LGM (D.S. N.° 014-92-EM)

La pregunta que sigue, sin embargo, es: ¿basta con tenerla? La respuesta es no. La concesión minera confiere al titular el derecho exclusivo a explorar y explotar el área concesionada, pero ese derecho solo puede ejercerse una vez obtenidas una serie de autorizaciones adicionales, como se detalla en adelante.

III. CATEGORÍAS DE MINERÍA: LA PEQUEÑA MINERÍA COMO PUNTO DE ENTRADA

La legislación peruana clasifica la actividad minera en cuatro categorías, en función de la capacidad de producción y del área operativa:

1. Gran Minería: producción superior a 5,000 toneladas métricas por día (TM/día) para minerales metálicos.
2. Mediana Minería: entre 350 y 5,000 TM/día.
3. Pequeña Minería: hasta 350 TM/día para minerales metálicos (o hasta 1,200 m³/día para no metálicos) y área de hasta 2,000 hectáreas para minería aluvial.
4. Minería Artesanal: hasta 25 TM/día para metálicos (o 100 m³/día para no metálicos), con métodos predominantemente manuales.

Para el ciudadano que evalúa iniciar una actividad con capital limitado, la pequeña minería y la minería artesanal son las categorías más accesibles en términos de inversión inicial y de exigencias técnicas. La Ley N° 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, y su Reglamento (D.S. N.° 013-2002-EM), establecen un régimen especial diseñado precisamente para facilitar el acceso formal de estos operadores al sistema legal.

IV. LOS REQUISITOS REALES PARA OPERAR: EL DINERO NO ES SUFICIENTE

Supongamos que el ciudadano peruano X dispone del capital suficiente para iniciar operaciones. ¿Qué debe hacer exactamente? La respuesta implica recorrer, como mínimo, los siguientes hitos:

4.1. Obtener una concesión minera ante INGEMMET

El primer paso es solicitar una concesión minera ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). La concesión se otorga sobre cuadrículas de 100 hectáreas (unidades básicas), y su titular adquiere el derecho exclusivo a explorar y explotar los recursos minerales del área concedida. El proceso incluye el pago de un derecho de vigencia anual y el cumplimiento de metas de inversión o producción para mantener la concesión activa.

Cabe subrayar que la concesión minera es solo el primer eslabón. Otorga el derecho, pero no la autorización para operar.

4.2. Obtener la certificación ambiental

Todo titular de una concesión minera que pretenda iniciar labores de exploración o explotación debe contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado. Para la pequeña minería, esto puede ser una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd), dependiendo de la magnitud de la operación. La competencia para aprobar estos instrumentos recae en las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) o en el MINEM, según la categoría.

4.3. Autorización de uso de agua ante la ANA

La actividad minera, en prácticamente todas sus modalidades, utiliza agua. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) es la entidad encargada de otorgar las licencias de uso de agua, incluyendo para uso minero. Sin esta autorización, la operación no puede ejecutarse legalmente.

4.4. Acuerdo con el propietario superficial

El artículo 7° de la LGM dispone que, para el ejercicio de las actividades mineras en tierras de propiedad privada, se requiere acuerdo previo con el propietario del suelo o servidumbre minera otorgada por el MINEM. Este es un requisito que frecuentemente genera conflictos, pues el titular de la concesión minera y el dueño del terreno superficial suelen ser personas distintas.

4.5. Autorización de inicio o reinicio de actividades

Una vez obtenidas las autorizaciones anteriores, el titular debe solicitar ante el Gobierno Regional correspondiente (a través de la DREM) la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación. Solo con esta autorización el operador puede iniciar la extracción de minerales de forma legal.

En síntesis: concesión (INGEMMET) + certificación ambiental (DREM/MINEM) + uso de agua (ANA) + acuerdo superficial + autorización de inicio (Gobierno Regional). El dinero es condición necesaria pero no suficiente.

V. LA FORMALIZACIÓN MINERA COMO VÍA HABILITANTE

En el contexto peruano, es indispensable distinguir entre la minería informal y la ilegal.

El minero informal es aquel que realiza actividad minera sin haber completado el proceso formal, pero que ha manifestado su voluntad de formalizarse y se encuentra dentro del proceso de formalización establecido por el Estado. El minero ilegal, en cambio, opera al margen de todo proceso legal y está sujeto a sanciones penales y administrativas.

Desde el año 2012, el Estado peruano ha implementado sucesivos regímenes de formalización minera (Decreto Legislativo N° 1105, Decreto Legislativo N° 1293, entre otros), orientados a que los pequeños mineros y mineros artesanales que ejercen la actividad sin los permisos completos puedan transitar hacia la formalidad. Este proceso involucra la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), la acreditación del área de trabajo y el cumplimiento progresivo de los requisitos mencionados en la sección anterior.

Para el ciudadano X que parte de cero con capital disponible, la alternativa más prudente no es ingresar al régimen de formalización, sino seguir el camino regular: solicitar la concesión, gestionar los instrumentos ambientales y obtener la autorización de operación antes de iniciar labores.

VI. CONCLUSIONES

La respuesta a la pregunta planteada es afirmativa, pero con matices fundamentales. Sí, cualquier peruano con capacidad legal puede solicitar una concesión minera y aspirar a operar una unidad de pequeña minería. La legislación no establece restricciones por razón de origen, nivel educativo o experiencia previa.

No obstante, el capital económico es solo una de las condiciones necesarias. El proceso exige, adicionalmente, conocimiento del marco regulatorio, capacidad de gestión administrativa ante múltiples entidades públicas (INGEMMET, MINEM, DREM, ANA, Gobierno Regional), negociación con propietarios superficiales y cumplimiento de estándares ambientales. La ausencia de cualquiera de estos elementos puede convertir una inversión en un activo inútil o, peor aún, en fuente de responsabilidad civil o penal.

En consecuencia, el mensaje central implica que la ley habilita a cualquier peruano para dedicarse a la pequeña minería, pero la viabilidad real de esa empresa depende de la asesoría legal especializada, de la planificación estratégica del proceso administrativo y del cumplimiento irrestricto de las obligaciones ambientales y sociales. La inversión puede abrir la puerta; el conocimiento legal determina si se puede cruzar.

Complementando lo anterior, una tarea pendiente del legislador peruano, tarea urgente, -por cierto- es lograr adaptar el marco normativo a la realidad de la actividad diaria, que requiere una ley que regule a la Pequeña Minería de forma adecuada, que actualice el marco de desarrollo, los límites que no permiten que un empresario crezca, generando empleo y una economía sostenible que suma al crecimiento del país.

La formalización minera no debería ser un obstáculo burocrático, tendría que funcionar como la garantía de que la actividad extractiva se realiza en beneficio del titular, de la comunidad y del Estado, dentro de un marco de seguridad jurídica y sostenibilidad ambiental.