Habiendo transcurrido 3 días desde el domingo 12 de abril, fecha prevista para el desarrollo de las elecciones presidenciales y legislativas en nuestro país, la situación de desgobierno y desconfianza en las autoridades a cargo de esta labor es absoluta.

Un proceso electoral marcado de negligencia, de falta de respuestas, inoperatividad, y de vicios legales insubsanables NO PUEDE GARANTIZAR LA OBJETIVIDAD DE LOS RESULTADOS QUE NOS PRETENDEN IMPONER, Y QUE SUSTENTAN EL TEMOR DE UN FRAUDE QUE AVANZA CON LAS HORAS, a medida que las pruebas van apareciendo, y se hace insostenible aceptar que la segunda vuelta electoral quede en las mismas manos que nos han llevado a este caos.

Insistir con un sistema electoral colapsado solo traerá convulsiones sociales, inestabilidad política y jurídica que perjudica a cada uno de los peruanos. 

En ese sentido, se requiere con URGENCIA que el gobierno central y las autoridades debidamente facultadas tomen una decisión que corrija la afectación generada: la vulneración al derecho a la libre elección de sus representantes, y el derecho al voto democrático que sostiene la nación en el orden constitucional en el que vivimos; es decir, que se encarguen de resarcir a aquellos peruanos que no pudieron ejercerlo porque los locales de votación cerraron después del mediodía al no poder instalarse las mesas asignadas, o aceptaron la participación ciudadana para luego anular los votos, o que fueron a votar el lunes 13 de abril, conociendo de antemano resultados y tendencias que rompen la equidad sobre la que debe sostener una elección de este tipo.

Como lo anotamos previamente, todas las medidas urgentes que se deben ejecutar no dispensan a los responsables de la grave afectación al riesgo país, el orden público y el derecho a elegir de todos los peruanos, de afrontar los procesos administrativos y penales que correspondan.

Lima, 15 de abril de 2026

Aún en curso del desarrollo de las Elecciones Presidenciales 2026, resulta imprescindible subrayar la legítima preocupación por el desempeño de las autoridades encargadas y responsables de que estas cumplan con la ley y la Constitución Política vigente.

Desde CONADEMI rechazamos firmemente la equivalencia que pretenden establecer los funcionarios de la ONPE entre el valor de la exoneración del pago de una multa y el VALOR A EJERCER EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL VOTO DEMOCRÁTICO.

Los peruanos que no han podido votar en la presente jornada electoral, y que se encuentran a la espera de alguna autoridad que responda al recorte arbitrario de su facultad y obligación ciudadana, requieren una urgente solución a la vulneración, que puede definir resultados electorales y que, finalmente, le otorgarían legitimidad a las cifras que empiezan a mostrar como resultados oficiales del conteo rápido.

La ausencia de responsables, y la falta de respeto al votante que recibe una disculpa pública tampoco equivalen al resarcimiento de un derecho recortado de forma arbitraria, ni a las medidas de sanción de índole penal, y/o administrativa, que correspondan, y que tampoco se eximen con propuestas de “ampliación” que remienden de forma inmotivada los horarios de instalación de mesas de sufragio formuladas por el Jurado Nacional de Elecciones.

Los empresarios del sector minero, mineros artesanales, pequeños productores, y el gremio en general, esperamos atentos y vigilantes, siempre en respeto del Estado de Derecho que debe regir en nuestro país, a las soluciones y respuestas urgentes que necesita la actual crisis electoral, que se refleja también en el mal manejo de las decisiones políticas de nuestro sector.

Lima, 12 de abril de 2026

Luego de concluir la etapa de debates presidenciales, en la cual los candidatos a ocupar el cargo más alto del gobierno de nuestro país, expusieron sus ideas, objetivos, parte de sus planes de gobierno, que pretenden ejecutar en el periodo 2026 -2031, resulta pertinente precisar los ejes de desarrollo que el Perú requiere para asegurar el crecimiento social y económico sostenido:

1. La legislación minera debe adaptarse a la realidad del requerimiento de aquellos empresarios que necesitan concluir su proceso de formalización, y así incluso contribuir a ampliar la base tributaria.

2. La pequeña minería tiene la urgencia de ser regulada conforme a su crecimiento actual, y al que espera alcanzar en los próximos años. Una Ley MAPE que permita al pequeño empresario minero productivo, seguir avanzando de forma ordenada y cumpliendo el ordenamiento jurídico, hasta lograr ser mediano o  gran minero, porque las opciones de crecimiento deben ser equitativas para todos los peruanos.

3. Las leyes improvisadas emitidas sin verificar la concordancia normativa debida, como el Decreto Legislativo N° 1695, que estigmatizan y sancionan actividades económicas reguladas, que por otro lado son permitidas por distintos decretos legislativos y fiscalizadas siempre por la Administración Tributaria, genera duplicidad de acciones del estado, generando burocracia que le cuesta al país, deben ser derogadas, pues no superan el rigor del test constitucional.

4. Los candidatos presidenciales deben asegurar que sus planes de gobierno contengan medidas que prevean la atención urgente, técnica y legal de la actividad minera en el país, lamentablemente, muchos de los discursos expuestos han demostrado prejuicios y escaso interés y conocimiento en el sector que sostiene el crecimiento económico del Perú.

5. Los partidos políticos deberían estar en condición de abrir el diálogo con entidades especializadas, la academia, los gremios empresariales afines y las instituciones tutelares de nuestra República y lograr en conjunto, un plan de trabajo y desarrollo de la actividad minera, que comprenda a empresarios, trabajadores, proveedores, comunidades, autoridades y todos los peruanos que comprenden que la minería nos involucre a todos, y logre ser una actividad próspera, formal y sostenible, que consolide el futuro de nuestra nación.

Lima, 04 de abril de 2026

Ante la reciente aprobación del predictamen que propone modificar la Ley General de Minería, consideramos importante contribuir al debate público con una posición clara, técnica y orientada al interés nacional.

Esta propuesta legislativa no surge de manera improvisada. Por el contrario, recoge diversos estudios, evidencia estadística, análisis comparados y diagnósticos del propio Estado que evidencian una realidad innegable: un número significativo de concesiones mineras en el país permanece sin actividad productiva durante largos períodos.

Se estima que dos de cada tres concesiones no registran actividad formal, lo que refleja un desbalance en el uso de los recursos naturales. Esta situación responde a un marco normativo que, hasta hoy, ha permitido la permanencia prolongada de concesiones ociosas con obligaciones mínimas y sanciones que no generan incentivos reales para su aprovechamiento eficiente o su devolución al Estado.

En ese sentido, el predictamen propone reducir los plazos de inactividad y fortalecer las condiciones de uso efectivo de las concesiones, con el objetivo de:

– Incentivar la inversión productiva.

– Reducir la especulación sobre áreas concesionadas.

– Promover un uso eficiente de nuestros recursos naturales.

– Generar mayores oportunidades de desarrollo económico para los peruanos.

Es importante recordar que, conforme a la Constitución, los recursos naturales pertenecen a la Nación, y su aprovechamiento se otorga mediante concesiones que no constituyen derechos absolutos ni perpetuos. El Estado tiene la facultad de establecer condiciones, límites y causales de caducidad en función del interés público.

Lejos de afectar a la minería formal, esta medida busca ordenar el sistema, promover la equidad y garantizar que las concesiones cumplan su finalidad productiva. Asimismo, fortalece las condiciones para el diálogo entre titulares de concesiones y pequeños productores, elemento clave para avanzar hacia una minería más formal, inclusiva y sostenible.

Finalmente, reafirmamos que este tipo de reformas no promueve la informalidad ni la ilegalidad, sino que, por el contrario, contribuye a cerrar brechas estructurales del sector y a construir un marco normativo más coherente con la realidad actual del país, que necesita también reducir el exceso de trámites innecesarios que desalientan la inversión e impiden la formalización y con ello optimizar el tiempo y adecuarnos de forma competitiva a los estándares internacionales del sector.

El Perú necesita una minería activa, responsable y al servicio del desarrollo nacional. Este es un paso en esa dirección y saludamos la propuesta.

Lima, 22 de marzo de 2026

En este seminario transmitido en vivo denominado “¿Estamos listos para la declaración de impuestos a las renta 2025? ¿Cómo afecta esto a la pequeña minería?”, los especialistas abordaron temas clave para el sector:

✔ Deducciones y adiciones frecuentes
✔ Causalidad y fehaciencia
✔ Contabilidad de costos
✔ Trazabilidad minera
✔ Fiscalización vinculada a la Declaración Jurada Anual

El evento contó con la participación de reconocidos expertos como el Dr. Mario Alva Matteucci, Dra. Roxana Terrones, Dr. Luis Castro, el Dr. Jorge Picón y la Directora Institucional de CONADEMI, Nohelia Llerena.

Una jornada con alta participación de los asistentes, quienes resolvieron dudas y fortalecieron su preparación tributaria.

Desde el Consejo seguimos promoviendo espacios de información y capacitación para el desarrollo del sector.

Conademi – Minería para todos.

CONADEMI exhorta al nuevo Presidente de la República, Dr. José María Balcázar, a adoptar medidas inmediatas y concretas para destrabar y priorizar el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), sector que constituye el sustento de miles de familias y un componente clave de la economía nacional.

La actual situación evidencia un preocupante estancamiento del proceso, marcado por inestabilidad en la gestión, demoras administrativas y una mínima cifra de mineros formalizados a nivel nacional. En este contexto, resulta indispensable que el nuevo gobierno asuma la formalización minera como una verdadera prioridad nacional.

En tal sentido, y como entidad privada sin fines de lucro vinculada al apoyo de la pequeña minería y minería artesanal, ponemos de conocimiento lo siguiente:

La grave crisis política que motivó la salida del Presidente José Jerí, estuvo ligada a presuntos actos de corrupción de su gobierno, los mismos que ya vienen siendo investigados por el Fiscal de la Nación. Estos supuestos actos de corrupción no solo han puesto en evidencia la fragilidad institucional del Estado, sino también su inserción al interior de ciertos Ministerios, en concreto, del Ministerio de Energía y Minas, sector que se ha visto envuelto en una serie de denuncias periodísticas respecto a la irregular designación y remoción de altos funcionarios de dicho sector, en concreto, de un área clave para la MAPE como es la Dirección General de Formalización Minera.

Así, en el periodo 2025 y 2026, se han designado, entre encargados y titulares, a 5 directores de formalización. El último director solo estuvo en el cargo por una semana. Sobre su salida, es de publico conocimiento un audio donde el citado funcionario refiere que representantes de un partido político le habrían cobrado 30 mil dólares para mantenerlo en el cargo. Asimismo, otro de los directores, que también fue removido, denunció ante la prensa el haber sido sacado de su puesto por no haber cedido ante la imposición de ciertos funcionarios del MINEM, en la contratación de una empresa que se encargue de la formalización. Al respecto, lo cierto es que como consecuencia de todo esto, no solo el MINEM sino el Gobierno ha descuidado el proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, proceso que ha recibido serias criticas respecto a su última ampliación y su eterna vinculación con la minería ilegal. Gran parte de responsabilidad recae precisamente en el Estado y no en los mineros.

A la fecha y según información oficial del MINEM ¹, en el año 2025, el MINEM, después de haber recibido las competencias para la formalización que antes estaban a cargo de los gobiernos regionales, solo ha formalizado a 73 mineros a nivel nacional. En departamentos que agrupan a la mayor cantidad de los mineros del país como La Libertad y Arequipa, solo se han formalizado a 5 y 2 mineros, respectivamente.

Estas ínfimas cifras respecto al número de mineros formalizados, parte de un hecho concreto, y que lo conoce todo abogado, gestor o gremio relacionado a la MAPE: la demora en la atención y aprobación de tramites que el minero requiere para su formalización, como es el caso de la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental (IGAFOM), aprobación de los cambios de derecho minero, aprobación de ciertos decretos supremos que el MINEM tiene en carpeta y que precisamente aligeraran los procedimientos para obtener la formalización, entre otros. Sin mencionar, el cuello de botella que hoy por hoy existe en la Dirección General de Formalización Minera sobre las opiniones técnicas favorables para el uso de explosivos (OTS), y que, al no emitirlas y remitirlas a la SUCAMEC para su aprobación, trae como consecuencia otro gran problema: el contrabando de explosivos para la minería ilegal.

Ahora bien, como ya se conoce, producto de la emisión de la Ley 32213 y el Decreto Supremo 009-2025-EM, se emitió la Resolución Directoral N° 0004-2025-MINEM/DGFM, por la cual se depuró del REINFO a 50,565 mineros, quedando hoy en día solo 31,622 mineros. En tal sentido, si a un ritmo de menos de 100 mineros formalizados por año, como ha ocurrido el 2025, bajo el actual esquema de gestión, no se va a alcanzar a formalizar siquiera al 0.5 % del total de mineros inscritos actualmente en el REINFO, y esto resulta sumamente grave toda vez que ya tenemos como fecha límite del proceso hasta el 31 de diciembre de este año, fecha que fue establecida por la Ley 32537.

Recordemos que una de las razones por las cuales se ha venido ampliando reiteradas veces el proceso de formalización minera, ha sido justamente el no haber logrado su principal objetivo que es el formalizar al minero informal. Es evidente que no se va a formalizar a todo el universo de pequeños mineros, porque en muchos casos, los titulares de las concesiones donde trabajan no tienen intención de otorgarles contratos de explotación, pero en aquellos casos en donde el minero informal es a la vez es titular de concesión o en donde ya llegó a un acuerdo con el dueño del derecho minero donde trabaja, la responsabilidad ya no recae en el minero sino en el Estado que no impulsa, gestiona o facilita su formalización.

Esta norma, también establece otros serios encargos al MINEM. En principio, se la ha dado 60 días calendarios para emitir el respectivo reglamento vía decreto supremo, y el plazo está a punto de vencer. Por otro lado, le ha dado dos mandatos importantísimos de cara a la trazabilidad y el origen del mineral, así como a la realidad de la MAPE en el Perú, y es, el sinceramiento en relación con la ubicación de las actividades mineras de los mineros en vías de formalización, y la realización de un censo minero a nivel nacional.

Entonces, como se ve, a nivel de gestión el Estado a través del MINEM poco o nada se ha avanzado para impulsar la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales, las cifras así lo demuestran; por otro lado, se tiene una nueva prorroga del plazo de formalización que vence a fines de este año y el pronóstico no es para nada alentador; asimismo, existen muchos tramites y procedimientos detenidos al interior del MINEM que afectan al minero artesanal, por tanto, desde CONADEMI ponemos en conocimiento la grave situación en la que se encuentra el proceso de formalización minera, y como entidad que apoya a la MAPE, sugerimos al Sr. Presidente de la República nombre un Ministro de Energía y Minas que ponga mucha atención y esfuerzo a la pequeña minería y minería artesanal, y a su vez, que nombre funcionarios honestos, probos y con experiencia y conocimiento especializado en el tema.

El reto de esta gestión es dejar un número significativo de mineros formalizados y facilitar la inclusión ordenada de nuevos peruanos en la actividad minera que pasa por su mejor momento histórico para nuestra Nación.

Minería para todos

1. https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/4631669-listado-de-mineros-formalizados ↩︎

El evento se realizó este 17 de diciembre en el Centro Cultural Ccori Wasi, con la participación del abogado, economista y periodista Hugo Guerra, y del político Guido Pennano como panelistas. La conducción estuvo a cargo de la periodista Mary Carmen Sjoo, quien dialogó con el autor sobre la investigación y el propósito de la obra.

La obra narra el recorrido de los hermanos Karl y Julius Pflücker, inmigrantes prusianos que llegaron al Perú en el siglo XIX y se convirtieron en actores clave de la modernización minera en Morococha y los Andes centrales. Una historia de familia, esfuerzo y contribución al desarrollo del país.

Durante el evento, el autor compartió una reflexión clave: el Perú posee una riqueza inmensa que aún no es plenamente valorada, y la minería debe entenderse como una oportunidad para todos los peruanos.

El presidente del Consejo Nacional de Minería compartió su mirada sobre el potencial del país, la urgente necesidad de formar profesionales preparados y el rol decisivo que puede jugar la minería en las próximas generaciones. “Quiero que los jóvenes sueñen con quedarse en el Perú hacerlo grande», sostuvo.

El Consejo Nacional de Minería (CONADEMI) manifiesta su profunda preocupación por el debate a llevarse a cabo en torno a la ampliación del REINFO y por la inclusión, dentro del paquete de facultades legislativas, de un nuevo tipo penal que pretende LA DOBLE SANCIÓN sobre actividades que han sido reguladas en ese sentido, desde el 2012, con los Decretos Legislativos N° 1100, 1102 y 1105, y que requieren del Estado Peruano, su justa y adecuada aplicación.

Si este texto se aprueba sin diferenciación técnica, toda la cadena productiva de la minería artesanal, por ejemplo —incluidos mineros inscritos en REINFO— se vería afectada, desde el operario inicial hasta el transportista y el comercializador. Esto atentaría directamente contra sendos derechos y el sustento de cientos de miles de empresarios mineros y más de 30 millones de peruanos que dependen de esta actividad para vivir.
 La formalización no puede desarrollarse y avanzar, bajo una DOBLE amenaza penal.

POSICIÓN Y PREOCUPACIÓN DE CONADEMI

El tratamiento penal propuesto desnaturaliza la formalización:
Se pretende sancionar actividades propias del proceso productivo en PROCESO DE FORMALIZACIÓN, anulando los avances institucionales del REINFO.

Criminalizar el REINFO es un riesgo social y territorial elevado:
La doble penalización aludida afectaría a sectores de la población que buscan apoyo del Estado Peruano para ser incluidos en el grupo de empresarios formales, que aportan su trabajo y esfuerzo para el crecimiento sostenido del país.

Además, podría generar protestas masivas en regiones productoras, comprometiendo la estabilidad económica y la paz social, situación que CONADEMI rechaza, ya que nuestro compromiso está orientado a promover la actividad minera formal y sostenible.

El REINFO debe ser reforzado, no desmantelado:
La ampliación con reglas claras y plazos razonables es indispensable para concluir la formalización en curso y garantizar trazabilidad.

Todo el procedimiento seguido por los empresarios que buscan incorporarse a la formalidad, el trabajo efectuado, debe ser considerado, y las normas a promulgarse necesitan recoger herramientas que no impliquen barreras burocráticas, sino que incentiven a la participación de este amplio sector en el fortalecimiento de la economía del Perú.

Se requiere una diferenciación explícita entre minería artesanal, informal e ilegal:
La ausencia de precisión técnica vulnera derechos fundamentales y castiga a quienes vienen cumpliendo el proceso.
La lucha contra el crimen organizado debe mantenerse focalizada:
CONADEMI no se opone a combatir la minería ilegal, pero exige que el artículo penal minero sea tratado de manera independiente y técnica, evitando perjuicios colaterales.
CONADEMI EXIGE QUE EL ESTADO ATIENDA CON PRIORIDAD
Riesgo de criminalización masiva
Equiparar una actividad regulable con el crimen organizado, se sanciona a productores, transportistas, plantas y comercializadores formales o en proceso de formalización.
Golpe al REINFO y a la formalización minera
Si el transporte de mineral es delito, formalizar se vuelve imposible. El REINFO pierde sentido y se destruye el avance institucional logrado.
Escalada social y territorial
La afectación económica a regiones productoras puede detonar protestas de gran magnitud y un conflicto nacional evitable.
Retroceso en políticas públicas y trazabilidad
La norma indiscriminada incrementa informalidad, resta control y beneficia redes ilegales — el efecto opuesto al buscado.

CONADEMI reafirma su compromiso con una minería artesanal formal, trazable y sostenible. Penalizar sin distinción criminaliza sin justicia una actividad que aún está en proceso de regulación, estigmatiza al minero ante la sociedad sin sustento legal, vulnera derechos y pone en riesgo la paz social.  El Estado debe priorizar la formalización y no el castigo masivo. Las soluciones duraderas requieren orden, evidencia, diálogo y política pública inteligente.

El respeto a los peruanos debe empezar desde el Estado.

Solicitamos al Congreso escuchar al país antes de legislar, escuchar a quienes trabajan la tierra y el subsuelo con dignidad, esfuerzo y esperanza.

Dirección Institucional – CONADEMI

El Consejo Nacional de Minería (CONADEMI) expresa su profunda preocupación por las recientes declaraciones vertidas en un evento organizado por el Colectivo PAS y liderado por representantes de la Compañía Minera Poderosa, en el que se hicieron afirmaciones sin sustento que afectan directamente la imagen y reputación de empresarios vinculados a la pequeña minería en el país.

Durante dicha reunión se difundieron mensajes que buscan confundir a la opinión pública, colocando en un mismo nivel a la minería artesanal y de pequeña escala con actividades ilegales. Asimismo, tenemos conocimiento de que en este y en anteriores encuentros se han vertido acusaciones sin fundamento, constituyendo un acto de difamación que rechazamos categóricamente y que pone en riesgo el estado de derecho y el buen clima de inversiones que nuestro país requiere.

Preocupa, en gran medida, la participación de la abogada Rosa María Palacios y del Gerente Corporativo de Minera Poderosa, Pablo de la Flor, ambos en calidad de moderadores del conversatorio, ante un grupo de periodistas que registraron lo ocurrido.

CONADEMI considera lamentable que, en espacios que deberían fomentar el diálogo y la construcción de soluciones para el sector minero, se opte por una narrativa que estigmatiza y desinforma.

Hacemos un llamado a la opinión pública, a las autoridades competentes y a los medios de comunicación a ejercer un rol objetivo, transparente y, sobre todo, responsable frente a este tipo de campañas que, lejos de contribuir a la solución de los problemas reales del sector, buscan desacreditar a quienes trabajan de manera honesta y comprometida con el país.

En CONADEMI reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la minería artesanal y de pequeña escala, así como con la promoción de un proceso de formalización asequible y participativo, que reconozca la importancia de este sector en la generación de empleo y desarrollo para miles de familias en el Perú.

Lima, 20 de Agosto de 2025

El Consejo Nacional de Minería (CONADEMI) manifiesta su más firme rechazo a TODO acto de violencia en general, y de manera puntual, a los hechos registrados en la Urbanización Las Quintanas, Trujillo, recientemente, y expresa su solidaridad con las familias afectadas por estos lamentables acontecimientos.

Desde CONADEMI exigimos a las autoridades competentes que desarrollen una investigación exhaustiva e imparcial que incluya el análisis de la trazabilidad del explosivo industrial denominado ANFO, controlado, entre otros, por la SUNAT (Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados -INIQBF), que habría sido identificado, inicialmente, en el atentado denunciado, y que se caracteriza por ser un insumo utilizado en la minería de mediana y gran escala. Este punto resulta clave para encontrar a los responsables de una situación de violencia que afecta a todo el país y que debe ser combatida con urgencia.

La verificación de la trazabilidad y el control efectivo de los insumos químicos explosivos son herramientas fundamentales para evitar que una situación como la denunciada se generalice, y así las autoridades a cargo logren fortalecer la seguridad de miles de peruanos que viven de la actividad minera.

En CONADEMI reiteramos nuestro compromiso con el apoyo y difusión de los principios que sostienen a la minería responsable, legal, sostenible, segura y pacífica, y, hacemos un llamado a todos los actores involucrados a proceder con transparencia, responsabilidad y respeto absoluto del marco normativo vigente.

Lima, 9 de setiembre de 2025