Resumen: El presente texto intenta responder a la consulta sobre si un ciudadano peruano que dispone de capital puede, por ese solo hecho, dedicarse lícitamente a la pequeña minería. La respuesta rápida es afirmativa en principio, pero condicionada al cumplimiento de un conjunto articulado de requisitos legales, administrativos y ambientales que van mucho más allá del mero financiamiento inicial.

100 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE MINERÍA EN EL PERÚ – PREGUNTA 001

I. INTRODUCCIÓN

Como es ampliamente reconocido, la minería es una de las actividades económicas más relevantes del Perú, no en vano contribuye de manera significativa al Producto Bruto Interno (PBI), a las exportaciones y a las finanzas públicas a través del canon minero. Sin embargo, la pregunta inicialmente sencilla, puede tener más de una respuesta: ¿puede cualquier ciudadano peruano con capital disponible decidir, mañana, iniciar un negocio de pequeña minería?

La normativa vigente nos indica que sí, que la Constitución Política del Perú garantiza el derecho a la libre iniciativa privada (artículo 58°) y a la libertad de empresa, comercio e industria (artículo 59°). Sin embargo, la minería no es una actividad económica ordinaria. Los recursos minerales son bienes de dominio público, pertenecen a la Nación, y su aprovechamiento está sujeto a un régimen concesional que el Estado administra con un conjunto exigente de condiciones.

Este texto examina el marco normativo desde la perspectiva práctica de quien, con financiamiento disponible, ha decidido apostar por hacer empresa en el país, y operar una unidad de pequeña minería. Para este objeto se considera el rubro constitucional, la Ley General de Minería, los mecanismos de formalización y la realidad del proceso administrativo que supone obtener todas las autorizaciones necesarias.

II. EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LOS RECURSOS MINERALES

2.1. Los recursos naturales como bienes de la Nación

El punto de partida es el artículo 66° de la Constitución Política del Perú de 1993, que establece que los recursos naturales —renovables y no renovables— son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento y, por ley orgánica, fija las condiciones de su utilización y otorgamiento a particulares. Este principio de dominio eminente del Estado sobre los recursos minerales es la razón por la que nadie puede simplemente iniciar una actividad minera con el solo hecho de tener dinero: requiere una habilitación estatal previa.

Esta postura es coherente con la tradición jurídica latinoamericana y con el régimen de regalías, según el cual el subsuelo y sus riquezas pertenecen al Estado con independencia de quién sea el propietario del suelo superficial. El Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-92-EM (en adelante, «LGM»), recoge este principio en su artículo 1°, al establecer que todos los recursos minerales pertenecen al Estado y que su aprovechamiento se realiza en armonía con el interés público.

2.2. La libertad para solicitar concesiones y desarrollar actividad minera

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 2° de la LGM establece que «todas las personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, tienen igual derecho a solicitar concesiones mineras». Esta norma materializa, en el ámbito minero, el mandato constitucional de libertad de empresa. En consecuencia, sí, cualquier peruano —y también cualquier extranjero— puede en principio solicitar una concesión minera y desarrollar actividad minera en el Perú.

«Todos los recursos minerales pertenecen al Estado; su aprovechamiento se realiza bajo el principio del interés público y de la protección del medio ambiente.» — Art. 1° LGM (D.S. N.° 014-92-EM)

La pregunta que sigue, sin embargo, es: ¿basta con tenerla? La respuesta es no. La concesión minera confiere al titular el derecho exclusivo a explorar y explotar el área concesionada, pero ese derecho solo puede ejercerse una vez obtenidas una serie de autorizaciones adicionales, como se detalla en adelante.

III. CATEGORÍAS DE MINERÍA: LA PEQUEÑA MINERÍA COMO PUNTO DE ENTRADA

La legislación peruana clasifica la actividad minera en cuatro categorías, en función de la capacidad de producción y del área operativa:

1. Gran Minería: producción superior a 5,000 toneladas métricas por día (TM/día) para minerales metálicos.
2. Mediana Minería: entre 350 y 5,000 TM/día.
3. Pequeña Minería: hasta 350 TM/día para minerales metálicos (o hasta 1,200 m³/día para no metálicos) y área de hasta 2,000 hectáreas para minería aluvial.
4. Minería Artesanal: hasta 25 TM/día para metálicos (o 100 m³/día para no metálicos), con métodos predominantemente manuales.

Para el ciudadano que evalúa iniciar una actividad con capital limitado, la pequeña minería y la minería artesanal son las categorías más accesibles en términos de inversión inicial y de exigencias técnicas. La Ley N° 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, y su Reglamento (D.S. N.° 013-2002-EM), establecen un régimen especial diseñado precisamente para facilitar el acceso formal de estos operadores al sistema legal.

IV. LOS REQUISITOS REALES PARA OPERAR: EL DINERO NO ES SUFICIENTE

Supongamos que el ciudadano peruano X dispone del capital suficiente para iniciar operaciones. ¿Qué debe hacer exactamente? La respuesta implica recorrer, como mínimo, los siguientes hitos:

4.1. Obtener una concesión minera ante INGEMMET

El primer paso es solicitar una concesión minera ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). La concesión se otorga sobre cuadrículas de 100 hectáreas (unidades básicas), y su titular adquiere el derecho exclusivo a explorar y explotar los recursos minerales del área concedida. El proceso incluye el pago de un derecho de vigencia anual y el cumplimiento de metas de inversión o producción para mantener la concesión activa.

Cabe subrayar que la concesión minera es solo el primer eslabón. Otorga el derecho, pero no la autorización para operar.

4.2. Obtener la certificación ambiental

Todo titular de una concesión minera que pretenda iniciar labores de exploración o explotación debe contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado. Para la pequeña minería, esto puede ser una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd), dependiendo de la magnitud de la operación. La competencia para aprobar estos instrumentos recae en las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) o en el MINEM, según la categoría.

4.3. Autorización de uso de agua ante la ANA

La actividad minera, en prácticamente todas sus modalidades, utiliza agua. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) es la entidad encargada de otorgar las licencias de uso de agua, incluyendo para uso minero. Sin esta autorización, la operación no puede ejecutarse legalmente.

4.4. Acuerdo con el propietario superficial

El artículo 7° de la LGM dispone que, para el ejercicio de las actividades mineras en tierras de propiedad privada, se requiere acuerdo previo con el propietario del suelo o servidumbre minera otorgada por el MINEM. Este es un requisito que frecuentemente genera conflictos, pues el titular de la concesión minera y el dueño del terreno superficial suelen ser personas distintas.

4.5. Autorización de inicio o reinicio de actividades

Una vez obtenidas las autorizaciones anteriores, el titular debe solicitar ante el Gobierno Regional correspondiente (a través de la DREM) la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación. Solo con esta autorización el operador puede iniciar la extracción de minerales de forma legal.

En síntesis: concesión (INGEMMET) + certificación ambiental (DREM/MINEM) + uso de agua (ANA) + acuerdo superficial + autorización de inicio (Gobierno Regional). El dinero es condición necesaria pero no suficiente.

V. LA FORMALIZACIÓN MINERA COMO VÍA HABILITANTE

En el contexto peruano, es indispensable distinguir entre la minería informal y la ilegal.

El minero informal es aquel que realiza actividad minera sin haber completado el proceso formal, pero que ha manifestado su voluntad de formalizarse y se encuentra dentro del proceso de formalización establecido por el Estado. El minero ilegal, en cambio, opera al margen de todo proceso legal y está sujeto a sanciones penales y administrativas.

Desde el año 2012, el Estado peruano ha implementado sucesivos regímenes de formalización minera (Decreto Legislativo N° 1105, Decreto Legislativo N° 1293, entre otros), orientados a que los pequeños mineros y mineros artesanales que ejercen la actividad sin los permisos completos puedan transitar hacia la formalidad. Este proceso involucra la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), la acreditación del área de trabajo y el cumplimiento progresivo de los requisitos mencionados en la sección anterior.

Para el ciudadano X que parte de cero con capital disponible, la alternativa más prudente no es ingresar al régimen de formalización, sino seguir el camino regular: solicitar la concesión, gestionar los instrumentos ambientales y obtener la autorización de operación antes de iniciar labores.

VI. CONCLUSIONES

La respuesta a la pregunta planteada es afirmativa, pero con matices fundamentales. Sí, cualquier peruano con capacidad legal puede solicitar una concesión minera y aspirar a operar una unidad de pequeña minería. La legislación no establece restricciones por razón de origen, nivel educativo o experiencia previa.

No obstante, el capital económico es solo una de las condiciones necesarias. El proceso exige, adicionalmente, conocimiento del marco regulatorio, capacidad de gestión administrativa ante múltiples entidades públicas (INGEMMET, MINEM, DREM, ANA, Gobierno Regional), negociación con propietarios superficiales y cumplimiento de estándares ambientales. La ausencia de cualquiera de estos elementos puede convertir una inversión en un activo inútil o, peor aún, en fuente de responsabilidad civil o penal.

En consecuencia, el mensaje central implica que la ley habilita a cualquier peruano para dedicarse a la pequeña minería, pero la viabilidad real de esa empresa depende de la asesoría legal especializada, de la planificación estratégica del proceso administrativo y del cumplimiento irrestricto de las obligaciones ambientales y sociales. La inversión puede abrir la puerta; el conocimiento legal determina si se puede cruzar.

Complementando lo anterior, una tarea pendiente del legislador peruano, tarea urgente, -por cierto- es lograr adaptar el marco normativo a la realidad de la actividad diaria, que requiere una ley que regule a la Pequeña Minería de forma adecuada, que actualice el marco de desarrollo, los límites que no permiten que un empresario crezca, generando empleo y una economía sostenible que suma al crecimiento del país.

La formalización minera no debería ser un obstáculo burocrático, tendría que funcionar como la garantía de que la actividad extractiva se realiza en beneficio del titular, de la comunidad y del Estado, dentro de un marco de seguridad jurídica y sostenibilidad ambiental.

Directora del Consejo Nacional de Minería – CONADEMI

Ante la compleja consulta formulada cabe resaltar que los entornos operativos de la minería peruana de cara al 2026 son diametralmente distintos a los de hace una década, por ejemplo.

La digitalización ha reducido la distancia entre la sala de control y el PIT. La automatización está redefiniendo los roles de los trabajadores. La gestión de datos en tiempo real exige decisiones más rápidas y mejor fundadas; los equipos son cada vez más multiculturales, multigeneracionales y, progresivamente, mixtos en género.

De manera tal que, es factible identificar grandes columnas en las que reposar los cimientos de la visión de cambio a considerar e implementar en las políticas de desarrollo operativo, tal como se anota a continuación.

I. EL CONTEXTO: UNA INDUSTRIA EN ENCRUCIJADA

1.1. La paradoja minera peruana

El Perú tiene todo para ser el actor minero más relevante de América del Sur en la próxima década. Entre el 2026 y 2028 se prevé una inversión de USD 6.880 millones en nuevos desarrollos, con el 73% destinado al cobre —mineral que ha dejado de ser un simple commodity para convertirse en un activo de seguridad energética global—. En esa lógica, el World Mining Congress, uno de los eventos sectoriales más importante del mundo, eligió a Lima como sede para la reunión del 2026, lo que posiciona al país en el centro del debate minero internacional.

Sin embargo, esa proyección coexiste con una paradoja: las regiones con mayor riqueza mineral siguen siendo, en muchos casos, las que registran mayores índices de pobreza y menor desarrollo humano. El canon minero transfiere millones a los gobiernos regionales y locales, pero la brecha entre el valor extraído y el bienestar de las comunidades aledañas permanece como un problema vigente en el contrato social de la industria.

1.2. La insuficiencia del enfoque tecnocrático

Frente a estos desafíos, la respuesta genérica del sector ha sido la expansión de la tecnología. La implementación de inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT), sistemas autónomos y gemelos digitales, prometen reducir costos operativos, mejorar la toma de decisiones y optimizar la extracción, lo que ciertamente representa avances reales e indispensables. Las empresas que ya los utilizan reportan eficiencias significativas y mejor gestión del dato.

Sin embargo, hay un límite estructural a considerar: hay empresas que destinan millones en maquinaria de última generación, pero siguen operando bajo una lógica vertical y autoritaria. Existen proyectos técnicamente impecables que fracasan por conflictos sociales mal gestionados, así como operaciones rentables que colapsan no por razones financieras ni técnicas, sino estratégicas.

El punto de quiebre, en todos esos casos, es el liderazgo.

El modelo de gestión que predominó en la minería peruana durante décadas fue eficaz para un contexto de demanda creciente, comunidades menos organizadas y marcos regulatorios menos exigentes.

Ahora mismo, ese modelo —jerárquico, centrado en la productividad inmediata y el control— no resulta eficiente para los desafíos de 2026: sociedades más informadas, marcos ESG (ambiental, social y de gobernanza) que los inversores internacionales exigen como condición, y comunidades que reclaman participación legítima, no consultas meramente formales.

II. EL LIDERAZGO COMO VARIABLE ESTRATÉGICA

2.1. Del gerente de antigua escuela al líder transformacional

La pregunta en este ítem es directa y difícil: ¿estamos formando líderes con visión estratégica o seguimos promoviendo gerentes de la antigua escuela, centrados en la productividad inmediata y el control jerárquico? ¿Contamos con mecanismos para identificar y desarrollar liderazgo transformacional, o seguimos premiando únicamente la obediencia y la productividad a cualquier costo?

El liderazgo transformacional en minería no es un concepto abstracto de gestión importado de manuales corporativos, por el contrario, es una necesidad operativa. Un líder que no comprende la dinámica sociocultural de una comunidad quechua en Cusco o Apurímac, que no sabe leer los silencios de una asamblea comunal, que responde a la protesta con hermetismo o con promesas vacías, genera un riesgo más costoso que cualquier falla mecánica: la paralización de una operación por conflicto social puede costar decenas de millones de dólares por semana.

El nuevo perfil de liderazgo minero que demanda el Perú al 2026 integra al menos tres dimensiones que históricamente se han tratado como separadas: la productiva, la humana y la estratégica.

2.2. La dimensión productiva: eficiencia con objetivos claros

La productividad sigue siendo el núcleo de cualquier operación minera viable, puesto que ningún discurso sobre sostenibilidad será útil si la operación no es rentable. El liderazgo eficaz en este eje implica adoptar tecnología con criterio: no como fin en sí mismo, sino como instrumento al servicio de operaciones más seguras, más eficientes y con menor impacto ambiental.

Así, es factible identificar la transformación digital —mantenimiento predictivo, automatización de flotas, etc.— como generador de valor real cuando está acompañada de culturas organizacionales que la asimilan y de líderes que la explican, gestionan su impacto en el empleo y construyen capacidades internas en lugar de simplemente importar soluciones externas.

La eficiencia, en este nuevo paradigma, no se mide solo en toneladas por hora o en costo por libra de cobre producida, se determina también en seguridad laboral, en reducción de huella de carbono, en gestión responsable del agua, en indicadores que los inversionistas internacionales y las propias comunidades, usan para evaluar la calidad de una operación.

2.3. La dimensión humana: el capital que no aparece en el balance

La industria minera peruana emplea de manera directa e indirecta a cientos de miles de personas. Es, en muchas regiones del interior del país, el empleador más significativo y la fuente más importante de ingresos para familias y municipalidades; no obstante, el desarrollo humano de las personas que trabajan en el sector —y de las comunidades que coexisten con las operaciones— ha sido históricamente tratado como una variable secundaria o, en el mejor de los casos, como responsabilidad social empresarial de carácter filantrópico.

El nuevo liderazgo entiende que el desarrollo humano no es filantropía: es condición de sostenibilidad. Una fuerza laboral formada, motivada y con sentido de pertenencia produce más, comete menos errores, genera menos accidentes y permanece más tiempo en la empresa, reduciendo los costosos ciclos de rotación que afectan a las operaciones en zonas remotas. Una comunidad que percibe beneficios reales —no promesas de relaciones comunitarias— es una comunidad que cuida la operación como propia.

El Ministerio de Energía y Minas ha reconocido esta realidad en su Visión de la Minería al 2030, estableciendo que el sector debe operar en un marco de buena gobernanza capaz de prevenir, gestionar y transformar los conflictos sociales en oportunidades de desarrollo y paz social, pero esta visión solo se vuelve realidad cuando los líderes de las empresas la incorporan como cultura, no como enunciado comercial.

2.4. La dimensión estratégica: ver más allá del ciclo de precios

La minería peruana ha operado históricamente en función de los ciclos internacionales de precios. Cuando el cobre sube, se invierte; cuando baja, se recorta. Esa lógica “simplificadora” ha impedido construir una visión de largo plazo que convierta la riqueza minera en desarrollo diversificado y consistente en el tiempo.

El reto que deberá asumir esta nueva visión de una administración implica articular una estrategia donde la renta minera financie el conocimiento, la tecnología y la industria nacional, garantizando un crecimiento económico sostenido y diversificado para las próximas décadas. Ese reto, que es en parte de política pública, también recae sobre los líderes del sector privado: no basta con extraer con eficiencia; es necesario pensar qué queda en el territorio cuando la producción concluye.

III. HACIA UN MODELO DE LIDERAZGO INTEGRADOR PARA LA MINERÍA PERUANA 2026

Integrar productividad, desarrollo humano y visión estratégica no es una tarea de equilibrismo retórico, es una reconfiguración profunda de cómo se concibe el liderazgo en el sector. Supone aceptar que un gerente minero no puede ser solo un experto técnico o un administrador de activos: debe ser, simultáneamente, un constructor de confianza, un gestor en la complejidad, un arquitecto del futuro, un ciudadano con visión política.

Este modelo de liderazgo integrador tiene cuatro pilares concretos:

Primero, la legitimidad ganada. El líder del sector minero al 2026 debe comprender que la autoridad no viene del cargo ni de la inversión realizada, sino de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Las comunidades ya no creen en las promesas: creen en los historiales. La legitimidad se construye con presencia sostenida, transparencia en la información y cumplimiento sistemático de compromisos.

Segundo, la escucha como metodología. Dialogar con las comunidades no equivale a informarles sobre lo que ya se decidió, por el contrario, implica incorporar sus perspectivas, intereses y conocimientos en el diseño mismo de las operaciones. Eso requiere líderes dispuestos a escuchar lo incómodo, a recomponer planes cuando la escucha lo justifica, a entender que la consulta previa, libre e informada es una oportunidad de codiseño, no un trámite burocrático a cumplir.

Tercero, la visión de territorio. Los líderes mineros deben desarrollar una mirada territorial: entender el ecosistema humano, cultural, ambiental y económico en el que opera la empresa. Eso significa que las decisioes de la mina tienen consecuencias que van mucho más allá del perímetro de la concesión, y que el bienestar del territorio es, a largo plazo, condición de viabilidad de la propia operación.

Cuarto, la cultura del aprendizaje organizacional. Las organizaciones mineras que sobrevivirán al ciclo de transformación en curso serán aquellas capaces de aprender de sus errores, de incorporar innovación de forma continua y de crear espacios donde las personas —en todos los niveles— puedan proponer, disentir y crecer. Esto no ocurre de forma inmediata, requiere de líderes que lo fomenten.

V. CONCLUSIONES

El Perú llega al 2026 con una posición minera privilegiada y con una deuda social pendiente. La coincidencia de ambas realidades no es contradictoria: es, precisamente, la oportunidad de implementar un cambio imprescindible. La riqueza mineral puede ser el motor de un desarrollo que trascienda la extracción, pero eso requiere algo que no se exporta ni se importa: liderazgo.

La transformación de la industria minera peruana depende de cuántos líderes son capaces de sentarse con una asamblea comunal en Cusco y salir de ella con más preguntas que respuestas (y estar dispuestos a volver), así como de cuántos líderes ven en el canon minero no el fin de su responsabilidad sino el inicio de un compromiso con el territorio.

El nuevo liderazgo que necesita la minería peruana al 2026 no nace en los manuales: se construye en la práctica, en el diálogo y en la coherencia. Es técnico, sí. Es productivo, sí. Pero es, antes que todo, profundamente humano. Y es esa humanidad —bien ejercida, bien liderada— la que determinará si el Perú convierte su riqueza mineral en prosperidad compartida o en otra oportunidad perdida.

                                                                                                                                              Lima, mayo de 2026

Ante la persistencia de la informalidad en la minería artesanal y de pequeña escala, de un lado, y el avance de la minería ilegal, del otro, el Perú necesita soluciones justas y prácticas que se adapten a la realidad y resuelvan esta problemática. Más allá de aumentar el rigor y las penas a través de leyes que terminan por castigar justos y pecadores, lo que necesitamos es una mirada más equitativa y humana en nuestras políticas ambientales y mineras.

Si bien la prioridad como ciudadanos responsables es proteger el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos minerales metálicos y no metálicos para las futuras generaciones, también es cierto que, como país, hemos fracasado en nuestro intento de desarrollar una política de Estado eficiente que logre formalizar al minero artesanal y de pequeña escala. Este actor, que forma parte de la cadena productiva, enfrenta hoy barreras desproporcionadas para cumplir con requisitos pensados, en realidad, para la gran minería. Detrás de cada minero artesanal hay una familia que depende de su trabajo, y es a esa familia a la que el Estado no ha sabido acompañar.

Dentro de este contexto, el objetivo central de una nueva política con justicia minera debe ser claro: acompañar y asesorar al micro y pequeño empresario en el proceso de formalización de su actividad minera. Dentro de una solución justa y equitativa, el Estado proveería herramientas y el acompañamiento necesario al micro y pequeño empresario minero para asegurarse de la trazabilidad legal del mineral, de la no existencia de restos arqueológicos y de la elaboración de un instrumento de gestión ambiental; todo ello a costos accesibles. El proceso administrativo sería menos oneroso y más sencillo ayudando así a muchas familias de mineros artesanales que necesitan no solo seguir en la actividad extractiva sino comercializar los minerales sin depender de intermediarios abusivos.

Por último, la adquisición de microplantas procesadoras por el Estado es una idea fuerza que merece ser considerada y que acaba de ser planteada por Enrique Valderrama, candidato presidencial del APRA en el Foro de Candidatos a la Presidencia en la Sociedad Nacional de Industrias. Dicha propuesta original no solo contribuiría a mejorar los ingresos de los mineros de pequeña escala, sino también a evitar su exposición a redes de comercialización ilegal y al abuso pernicioso de los intermediarios que, aprovechándose de la ausencia de regulación de un mercado para el oro artesanal en Lima y de su situación de necesidad, ofrecen desde un 30% hasta un 40% menos del valor real por el oro.

En consecuencia, la segunda propuesta sería la creación de una Ley de Comercialización Directa del Oro Artesanal, es decir, una ley que contemple la creación de centros estatales de compra de oro artesanal en ciudades estratégicas, incluida Lima, donde el precio de adquisición se base en la cotización internacional diaria. El pago del mineral debería realizarse de manera inmediata a través del sistema bancario, con la participación del Banco de la Nación, garantizando así la transparencia y seguridad en las transacciones. Asimismo, resulta indispensable implementar un sistema de trazabilidad del mineral, mediante registros digitales de origen, que permitan asegurar que el oro proviene de actividades en proceso de formalización, bajo la supervisión del Ministerio de Energía y Minas.

La tercera propuesta sería la de una nueva Ley que regule eficientemente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), estableciendo un plazo definitivo de formalización —por ejemplo, de tres años— para poder brindar claridad y cierre progresivo al proceso. Esta nueva ley deberá incluir la creación de una Ventanilla Única Virtual para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), capaz de simplificar los trámites administrativos y reducir las barreras burocráticas. Asimismo, se trata de una ventanilla que garantizaría la asistencia técnica gratuita y una adecuación razonable de los requisitos ambientales, diferenciando claramente entre gran minería y minería artesanal y de pequeña escala.

La cuarta propuesta sería la de una Ley de cooperativas mineras artesanales, porque muchos mineros trabajan de manera individual, lo que debilita su capacidad de negociación y los deja en situación de vulnerabilidad frente al mercado y a actores más poderosos. En ese sentido, se propone la promoción de cooperativas mineras artesanales que permitan: (a) la compra colectiva de maquinaria, (b) el acceso a crédito y (c) la posibilidad de exportación directa del oro. Esta política puede articularse con el Ministerio de la Producción, facilitando la inclusión financiera del sector. Adicionalmente, esta ley debería contemplar un régimen tributario simplificado para la pequeña minería, con incentivos durante los primeros años de formalización, a fin de promover su incorporación al sistema formal sin generar cargas excesivas. La supervisión de estas actividades podría estar a cargo de entidades como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, garantizando así transparencia y control.

Finalmente, resulta fundamental impulsar la promoción de un Mercado Nacional del Oro Artesanal en Lima, como un espacio regulado de comercialización que cuente con compradores certificados y precios transparentes. Esta medida permitiría reducir significativamente la informalidad en la capital, así como la influencia del crimen organizado en la comercialización del mineral que se sufre actualmente. No es tan difícil adoptar una mirada más justa en nuestras políticas ambientales y mineras.

Porque la formalización no se impone: se construye en beneficio de todos los peruanos.

A partir de la aprobación y publicación del predictamen favorable de los Proyectos de Ley 8853/2024-CR, 9386/2024-CR, 10610/2024-CR, 11045/2024-CR, 12273/2025-CR, 12708/2025-CR, 12730/2025-CR, 13481/2025-CR, Y 13497/2025-CR, que, mediante texto sustitorio, proponen la “LEY QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE MINERÍA, CUYO TEXTO ÚNICO ORDENADO FUE APROBADO POR DECRETO SUPREMO 014-92-EM, A FIN DE FORTALECER EL RÉGIMEN DE CONCESIONES MINERAS Y EVITAR LA EXISTENCIA DE CONCESIONES OCIOSAS” el pasado miércoles 18 de marzo, hemos podido comprobar que las posiciones, voces surgidas para opinar al respecto nos recuerdan que las monedas, sean del material que sean, tienen dos caras.

Así, ante la lectura de un amplio sector representativo de determinados intereses económicos que ha sido muy enfático al resaltar su preocupación por la supuesta afectación al “sector formal” de la minería, haciendo hincapié, además, en que este proyecto para nada contribuye a ningún proceso de formalización, aunado a la postura que anota el portal www.gob.pe como opinión del MINEM, que alertaría que el aludido dictamen puede dar mayores incentivos a la minería ilegal, nos obliga a cuestionar el trasfondo de este sistema de ‘alarmas y preocupaciones’ que parece haberse activado recientemente, a pesar de tratarse de proyectos de ley que NO se originan en el año en curso (2026).

Entonces, de la revisión de los nueve (9) textos de propuestas legislativas es factible inferir que se ha recogido una serie de documentos, análisis, indicadores, normativa comparada, estadísticas emitidas por entidades estatales que recopilan y sostienen una opción de modificación de la Ley General de Minería que no es otra cosa que la adecuación de la ley a la realidad que requiere ser regulada en la actualidad, al supuesto de hecho que nos plantea el desarrollo de la actividad minera hoy.

Aludir al concepto de concesiones mineras ociosas como una ficción, una muletilla reiterada o una idea antojadiza implica aceptar la definición que un amplio sector de medios de comunicación intentan insertar en el colectivo social peruano: Que solo la mediana y gran minería es formal en nuestro país.

Pero, ¿sólo la mediana y gran minería es formal en el Perú?

Insistimos en la pregunta porque la crítica reiterada a la fórmula de modificación legislativa remarca esta afirmación como principal oposición, además de que, no sería un instrumento válido para incentivar la formalización. Nada más alejado de la realidad.

De esta forma, el punto crítico en el análisis técnico de esta opción se centra en identificar a las entidades y empresas que se verían alcanzadas por la modificación bajo comentario.

Si la mediana y gran minería perciben que se le recortan derechos, que se vulneran las reglas del juego, que el tablero se inclina (hacia la búsqueda de la equidad), pasando por alto el Sistema Jurídico que nos ordena, es porque no le resulta conveniente recordar que nuestra Constitución afirma que los recursos naturales pertenecen a la Nación, y que el Estado otorga su aprovechamiento mediante concesión. El derecho sobre una concesión no transfiere propiedad, no implica derechos absolutos, el titular es y será el Estado Peruano, que es el mismo que cuenta con las facultades para establecer las causales de caducidad de denuncios y concesiones mineras, establecer regímenes de caducidad, limitaciones, y exigir productividad obligatoria en beneficio del interés público, por ejemplo.

Asumir que promover/incentivar/requerir la necesidad de actividad efectiva de las empresas titulares del derecho de concesión (por cierto, la mediana y gran minería, que puede utilizar las opciones de contratos asociativos, para mejorar sus financiamientos, entre otros) en un plazo que se adecua a la necesidad de inversión del país no puede ser leído como una forma de perjuicio al “sector formal” de la minería.

Más aún, suscribimos el sustento que remarca que “dos de cada tres concesiones aprobadas no registran actividad formal, lo que explica la percepción de grandes cantidades de área ociosas. (…) Este desbalance responde a un marco normativo que permite la permanencia prolongada de concesiones intactas, con obligaciones mínimas y penalidades insuficientes para incentivas su uso productivo o su devolución al Estado”, tal es así que las sanciones han devenido en un incentivo perverso que lo único que ha logrado a lo largo del tiempo es que estas penalidades sean una suerte de “seguro” a pagar para sostener un proyecto más rentable, que aunque no se trate propiamente de un gasto deducible, resulta una medida que no desincentiva la falta de actividad de las empresas que cuentan con el derecho y los medios económicos para hacerlo.

Esto en ninguna manera subsume la opción de habilitar a terceros a ingresar de forma arbitraria a estos espacios impunemente, pues en el Estado de Derecho que nos rige, las reglas de la actividad están definidas y deben permanecer en el marco de la Ley siempre -el mismo Sistema Jurídico que ha aplicado sanciones cuantiosas a la mediana y gran minería por incumplir normativas ambientales y de seguridad laboral, recordemos-.

Complementando la idea inicial, cómo puede esta medida afectar negativamente al proceso de formalización por el que deben atravesar todos aquellos empresarios que buscan salir de la estigmatización que lleva a adjetivarlos y generalizarlos, si parte esencial del procedimiento implica el acuerdo al que tendrá que llegar aquel empresario que quiere lograr la calificación de Pequeño Productor Minero con el titular de la concesión, es decir, si el diálogo se hace imprescindible para lograr el bien común, una minería formal, responsable y sostenible.

El camino, el proceso, el desarrollo de la legislación adecuada y congruente con la actividad minera del país nos convoca, es una tarea asumida por el Consejo Nacional de Minería, que reitera una vez más, la necesidad de construir con urgencia una ley que regule la pequeña minería y la minería artesanal, y se ocupe de fomentar la participación de todos los peruanos en una actividad que nos involucra y sustenta el crecimiento económico del país.

Autor: Max Carbajal Meléndez [1]

La gestión de prevención y cuidado de la salud de los trabajadores dentro de las empresas es una obligación que trasciende a la normativa leal sobre seguridad y salud en el trabajo, en tanto que se protege derechos inherentes a la vida y la salud, entre otros, de las personas. Por ello, su aplicación efectiva requiere de un previo análisis multidisciplinario, con la finalidad de identificar, entre otros aspectos, los riesgos del entorno laboral, la condición clínica de cada trabajador y las funciones que ejecutan dentro de los centros laborales.

A nivel normativo, el Artículo I [2] del Título Preliminar de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” (en adelante, “LSST”), referido a la prevención, obliga a los empleadores a garantizar que el personal que ejecuta servicios en sus establecimientos o por su requerimiento cuenten con medios eficaces para la protección de la vida y la salud. Para el sector de la minería, las obligaciones relacionadas a estas materias se encuentran -también, por especialidad- desarrolladas dentro del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por medio del Decreto Supremo N° 024-2016-EM, normativa que debe ser revisada constantemente en conjunto con la LSST y su Reglamento, para dotar de elementos preventivos necesarios para los cuidados integrales de los trabajadores.

De manera complementaria, y de necesaria revisión por los empleadores, también es importante tener en consideración dentro de la gestión preventiva interna los pronunciamientos que se adoptan a nivel administrativo (SUNAFIL) y/o el Poder Judicial, lo cual permite abordar aspectos legales que, muchas veces, de la literalidad de la norma legal respectiva, no se presenta de manera clara para su implementación.

Como parte de los pronunciamientos de necesaria revisión por los empleadores dentro de la actividad minera, sobre aspectos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, en el año 2025 se emitieron dos (2) que resaltan por su necesaria aplicación dentro del sistema interno de prevención, así como de análisis frente a las causas y demás factores presentes ante accidentes laborales:

• Resolución de Sala Plena No. 007-2025-SUNAFIL/TFL

El caso de revisión por la Autoridad Inspectiva se enmarca en que durante la ejecución de las funciones de un custodio de seguridad, este trabajador sufrió un asalto, siendo herido con proyectiles de arma de fuego. Posteriormente, el empleador, al haberse determinado que el trabajador se había recuperado físicamente, decidió reincorporarlo, sin evaluar su estado de salud mental, asignándole una nueva posición, acorde a su condición actual.

Desde este punto, el Tribunal de Fiscalización Laboral (en adelante, “TFL”), la cual forma parte de la SUNAFIL, determinó que el deber de vigilancia de la salud del trabajador implica un actuar permanente teniendo en cuenta las dimensiones físicas y mentales de los trabajadores. Por ello, las medidas de evaluación médica deben considerar -también- a la salud mental del trabajador, más aún en procesos de reincorporación tras eventos traumáticos o durante tratamiento psiquiátricos en curso.

Esta posición administrativa es importante. El deber de cuidado de la salud fisiológica es tan importante como el cuidado de la salud mental, motivo por el cual, dentro del principio de prevención aplicable al sector minería, como en general, considerando las particularidades de cada función laboral, es una obligación que debe ser constantemente revisada y atendida por los empleadores. En esa línea, de manera preventiva, es importante implementar acciones como las siguientes:

• Coordinación con el área de salud ocupacional
  • Exigencia de evaluaciones médicas especializadas previas a la reincorporación post accidentes laborales, y con mayor razón si se ejecutan actividades calificadas como de alto riesgo
  • Ajuste temporal de tareas que garanticen condiciones laborales compatibles con el estado mental del trabajador

• Resolución de Sala Plena No. 008-2025-SUNAFIL/TFL

Usualmente, existía una afirmación directa ante un accidente de trabajo en el centro de labores: el empleador es el responsable. Incluso, no se atendía a una revisión de cada factor presente en estos accidentes, pese a que es importante para afirmar tal responsabilidad.

Al respecto, el TFL presenta aquellos supuestos que deben ser revisados para determinar si, en efecto, el empleador puede ser considerado como responsable ante los accidentes del personal:

• Verificar si el accidente se produjo ante la intervención de una causa ajena al trabajo, cuando este se genera exclusivamente a condiciones personales del trabajador desconocidas por el empleador o a decisiones que se apartan de las disposiciones de seguridad.

• Cuando el accidente se produjo ante el incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador, que se hayan ejecutado de manera consciente y voluntaria, pese a que existió instrucciones previas del empleador.

• Si el accidente se produjo ante fuerza mayor o acto de terceros, cuando sean situaciones de carácter externo, imprevisibles e inevitables que no pueden ser razonablemente prevenidas por el empleador.

Este pronunciamiento, entre otros aspectos, apunta a que, si nos encontramos ante una fiscalización laboral contra empresas mineras (por ejemplo), se revise debidamente los factores presentes frente a un accidente de trabajo, con la finalidad de adoptar la defensa ante el fuero administrativo, de corresponder.

En esa línea, previamente, ante accidentes laborales del personal, bajo el cuidado de la salud e integridad física de los trabajadores, es fundamental la atención inmediata al mismo, así como una revisión efectiva de lo acontecido, incluso bajo declaraciones a testigos, entre otras acciones. Estas gestiones no solo apuntan a reconocer los elementos que llevaron a la materialización del accidente laboral, sino a tomar medidas preventivas inmediatas y efectivas, aunado a conocer el nivel de responsabilidad de la empresa. A manera de -obligatoria- referencia, este pronunciamiento del TFL brinda información relevante ante estos análisis.

La gestión del cuidado y la protección del personal es una labor latente e importante dentro del sector minero, considerando que sus actividades son calificadas -en su mayoría- como de alto riesgo. Así, no solo basta con revisar la normativa legal aplicada sobre la materia y el sector en específico, sino complementarla con pronunciamientos judiciales y/o administrativos, como los desarrollados previamente, lo cual permite tener un mayor alcance a los empleadores ante la implementación de los sistemas de prevención dentro de sus organizaciones. Como se indicó al inició del presente artículo, no solo se trata de cumplir con obligaciones legales, sino -principalmente- de cuidar y proteger a las personas (los trabajadores).

[1] Asociación Senior del Estudio Vargas Pareja Abogados & Consultores. Abogado con calificación sobresaliente por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con Segunda Especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la misma casa de estudios.

[2] Artículo I del Título Preliminar de la LSST: “El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.”

Si bien tenemos un Gobierno o Poder Ejecutivo que se encuentra en proceso de instalación, no podemos olvidar que existen columnas o líneas directrices sobre las cuales el Estado Peruano necesita trabajar de forma institucional, sin sobresaltos ni cambios de timón que perjudiquen el crecimiento y fortalecimiento de la actividad minera en nuestro país.

Bajo esa lógica, el CONADEMI ratifica su compromiso con el pequeño productor minero, con los mineros artesanales y ancestrales, poniendo en agenda de dialogo los siguientes puntos:

1. El Consejo Nacional de Minería, desde su fundación, ha asumido sus objetivos y metas con firmeza determinante, es decir, asesorar, apoyar y guiar al pequeño empresario minero en cada una de las etapas del procedimiento de formalización.

2. En ese sentido, resulta preocupante como los gobiernos de turno vienen pasando por alto la responsabilidad que les corresponde: a) dictar las medidas adecuadas para que las leyes vigentes que requieren de su intervención se pongan en marcha, b) revisar la normativa promulgada sin sustento técnico, y c) trabajar en leyes que la realidad anota como imprescindibles y urgentes.

3. Así, la Ley N° 32537 que amplió la vigencia del proceso de formalización minera integral hasta diciembre del 2026, tan criticada por sectores de la economía que no reconocen el valor del Pequeño Productor Minero en el crecimiento del país, anotó además de un cambio de fecha para la vigencia del REINFO, una serie de condiciones a cumplir por el ESTADO PERUANO como la implementación de un CENSO, la Transferencia del acervo documentario del proceso de formalización minera integral, fiscalizaciones laborales adecuadas, y un Régimen Excepcional Tributario, entre otros, en plazos que NO han sido cumplidos hasta la fecha.  (Aquí cabe preguntarse, quién fiscaliza al fiscalizador).

4. Luego, el Decreto Legislativo N° 1695, DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL, PROMULGADO MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO N° 635, PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DESTINADAS A COMBATIR EL DELITO DE MINERÍA ILEGAL, que establece sanciones que se cruzan con las facultades que detentan entidades como la SUNAT que en un procedimiento administrativo de fiscalización puede concluir con indicios que deriven expedientes a la vía penal para concluir en la misma sanción que pretende el DL N° 1695. 

Pero esto no llama la atención pues el pequeño productor minero suele ser tratado como aquel culpable de todos los problemas nacionales, cuando la realidad subraya que su participación fortalece el crecimiento del país.

5. Ante el panorama actual y el contexto generado en la grave crisis que atraviesa el sector y el propio MINEM, el Consejo Nacional de Minería pone a disposición a su staff de profesionales para iniciar las mesas de dialogo que deberían lograr el texto consensuado de una adecuada LEY DE LA PEQUEÑA MINERÍA.

6. De esta LEY DE LA PEQUEÑA MINERÍA esperamos congruencia entre las exigencias que el Estado asigna al empresario, los derechos que le atribuye, y las medidas que promuevan el CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO, por ejemplo, estableciendo parámetros adecuados, y no límites obsoletos como los actuales.

Recordemos que los pequeños productores mineros (PPM) pueden poseer hasta 2,000 hectáreas y procesar un máximo de 350 toneladas métricas diarias (TMD) en minería metálica, o hasta 1,200 TMD para no metálicos: RESTRICCIONES QUE NO SE AJUSTAN A LA REALIDAD DEL AVANCE Y PROGRESO DE ESTE SECTOR, por lo que su adecuación implica una inminente necesidad de modificar las leyes hasta lograr su ampliación.

Lima, 22 de febrero de 2026

El Banco Minero del Perú fue un banco estatal de fomento que, durante cincuenta años, se dedicó a promover la pequeña y mediana minería. Fue creado en 1940 por ley promulgada durante el mandato del presidente Manuel Prado.

A sus funciones de financiamiento y asistencia técnica, a partir de la década del setenta, el Banco Minero agregó la tarea de compra y venta de metales preciosos, particularmente de oro proveniente de la minería artesanal. Para ello, contaba con oficinas en las capitales de las provincias más representativas en la actividad minera.

El Banco Minero fue liquidado en 1992, durante el gobierno del presidente Fujimori junto con otros bancos estatales de fomento y, a partir de entonces, ya no existió esta “ventanilla” que comprara oro a los mineros artesanales y contribuyera -de esa manera- a su formalización.

Entre 1989 y 1990, fui presidente ejecutivo del Banco de la Vivienda del Perú (otro de los bancos liquidados) y conocí de cerca las actividades del Banco Minero, institución con la cual coordinábamos acciones de financiamiento.

Desde hace algunos años la comercialización de oro por parte de pequeños mineros artesanales no cuenta con las facilidades anteriores y, además, se le persigue. Buena parte del oro que se produce artesanalmente en el Perú termina vendiéndose libremente en el mercado boliviano, lo que representa un movimiento de no menos de US$ 5 mil millones.

Años después, entre 2006 y 2007 fui presidente ejecutivo del Banco de la Nación y pude apreciar el tremendo aporte que brinda esta institución a la inclusión y descentralización financiera del país con su importante red de agencias y oficinas en todo el país (la más grande y diversificada de todo el sistema financiero).

Con base en esta experiencia y observando las dificultades que actualmente existen para formalizar a los mineros artesanales, propongo que el Banco de la Nación sea la institución que adquiera el oro proveniente de dichos productores mineros.

Para ello, mediante un convenio entre el Banco de la Nación y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el banco acondicionaría una “ventanilla” en sus locales de algunas capitales de provincia y distritos mineros, para que un funcionario de la institución que designe el MEM realice las compras respectivas. El Banco de la Nación brindaría también el apoyo de seguridad (en sus bóvedas) y del traslado del oro adquirido a los centros de acopio respectivos.

Durante mi gestión dirigiendo al Banco de la Nación, hicimos un convenio muy parecido con las entidades de microfinanzas (Cajas Municipales, Cajas Rurales y Edpymes) para otorgar microcréditos a emprendedores en todo el país, lo que fue un éxito rotundo y un ejemplo de alianza público-pública.

Esta propuesta serviría -además- para contribuir a formalizar a los miles de mineros artesanales en el país, con las consecuentes mejoras en sus niveles de vida y en un contexto de descentralización productiva. 

(*) Economista. Ha sido ministro de Estado y presidente ejecutivo del Banco de la Nación

La promulgación del Decreto Legislativo N.° 1695 marca un nuevo punto de inflexión en la compleja relación entre el Estado peruano y la pequeña minería y minería artesanal. Presentado oficialmente como una norma orientada a fortalecer la formalización, el control y la sostenibilidad del sector, su aplicación práctica plantea serias interrogantes sobre sus impactos sociales, económicos y territoriales, especialmente en un país donde más de dos millones de personas dependen directa o indirectamente de esta actividad.

Un sector estratégico, pero históricamente postergado

La pequeña minería y la minería artesanal no son actividades marginales. En regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad, Arequipa, Ayacucho y Apurímac, son uno de los principales motores de empleo rural, dinamizan economías locales y funcionan como un amortiguador social frente a la pobreza y la migración forzada. Pero también arrastran problemas estructurales: informalidad, impactos ambientales, débil fiscalización y presencia de economías ilegales.

Impacto económico: formalizar cuesta, y mucho

Uno de los principales efectos económicos del decreto es el incremento de barreras de acceso a la formalidad. Para un minero artesanal que opera con márgenes mínimos de rentabilidad, asumir costos de estudios ambientales, asesoría legal, trámites ante múltiples entidades y adecuaciones técnicas resulta simplemente inviable. 

El riesgo es claro: una norma que pretende formalizar puede terminar expulsando del sistema a quienes no logran cumplirla, empujándolos nuevamente a la informalidad.

Además, la incertidumbre normativa afecta el acceso al crédito, desalienta la inversión y debilita cadenas productivas locales vinculadas al transporte, comercio, servicios y alimentación.

Impacto social: criminalización y conflictividad

Visto socialmente, la aplicación del Decreto Legislativo N.° 1695 puede profundizar un fenómeno ya conocido: la criminalización del pequeño minero. Cuando la fiscalización avanza más rápido que los mecanismos de asistencia técnica, capacitación y acompañamiento, el mensaje que reciben es de persecución antes que de inclusión. Esto tiene consecuencias directas: más conflictos sociales, desconfianza hacia el Estado, debilitamiento del diálogo y mayor presencia de intermediarios ilegales que se aprovechan de la vulnerabilidad del minero artesanal. 

El problema de fondo: sin enfoque territorial ni social

Uno de los vacíos más críticos del Decreto Legislativo N.° 1695 es la ausencia de un enfoque territorial y socioeconómico diferenciado. No es lo mismo un pequeño minero en una cuenca andina con tradición ancestral, que una operación informal de gran escala encubierta como artesanal. Tratar a todos bajo el mismo marco normativo no solo es injusto, sino ineficaz.

Los procesos de formalización para que sean exitosos requieren plazos realistas, incentivos claros, asistencia técnica permanente y una institucionalidad articulada. Sin estos elementos, la norma corre el riesgo de ser un instrumento de exclusión más que de desarrollo.

¿Ordenamiento o retroceso?

El Decreto Legislativo N.° 1695 puede convertirse en una oportunidad para ordenar el sector solo si en su implementación se corrige: incorporando gradualidad, diálogo con las organizaciones de pequeños mineros, financiamiento para la formalización y un enfoque que priorice la inclusión productiva antes que la sanción.

De lo contrario, el país enfrentará un escenario conocido: más informalidad, más conflictividad y menos desarrollo, justo en uno de los sectores que, bien gestionado, podría contribuir a reducir la pobreza y fortalecer la economía regional.

La pregunta clave no es si la pequeña minería debe formalizarse —eso es incuestionable—, sino si el Estado está dispuesto a hacerlo con justicia social, realismo económico y respeto por los territorios. El futuro de miles de familias mineras depende de esa respuesta.

1. La agenda pública y política en el Perú es mediocre, no incluye los temas más importantes que necesitan conocerse y debatirse en nuestro país; es cortoplacista (privilegia lo inmediato, sin prospectiva y visión común); enfatiza en temas negativos y problemas, pero no en los temas positivos y en las posibles soluciones.

2. Ello se debe a varios factores: el primero de ellos es, sin duda, una educación pública pésima de la cual egresan anualmente miles de jóvenes que no han sido formados en valores, que no conocen la historia ni la geografía de su país, ni tampoco la historia universal; que no solo no tienen hábito de lectura y no comprenden lo que leen, sino que tampoco tiene pensamiento propio (crítico) sobre lo que leen.

3. Otro factor explicativo de esta agenda mediocre es la tremenda crisis que experimentan los partidos políticos (los antiguos y los nuevos) que no muestran nuevos liderazgos y propuestas, que no preparan a los futuros líderes y que se muestran más bien deseosos de tener poder como sea y luego beneficiarse de él. Los hechos de corrupción o falta de transparencia que continuamente se van conociendo son leña para más fuego.

4. Las redes sociales y sus contenidos muchas veces con noticias falsas, aunado a medios de comunicación masiva que responden a intereses políticos o meramente económicos (la dictadura del rating) han contribuido a esta mediocridad. 

5. Todo lo anterior genera en la población y, principalmente, en la más joven, desánimo, desarraigo, pesimismo e ira, resquebrajándose aún más la institucionalidad, el sistema democrático y la estabilidad social, política y económica tan necesaria para el desarrollo, las inversiones, la producción y la generación de empleos. 

6. Esta situación es perfecta para que sectores extremistas de izquierda y los llamados caviares, que no creen en la democracia, sino la utilizan para sus propios intereses, generen mayor inestabilidad, infiltren las instituciones y creen una “narrativa” (como ellos mismos dicen) en base a la cual ellos representan la verdad, la honestidad y todos los que no piensan como ellos son sus enemigos políticos a los cuales hay que acusarlos de corruptos, ineficientes y mentirosos.

7. De los más de 27 millones que vamos a votar en las próximas Elecciones Generales de abril 2026, las encuestas (y las estadísticas de procesos anteriores) muestran que la opinión pública está desorientada, desmotivada y que habrá voto fragmentado y segunda vuelta. Muy pocos partidos políticos lograrán pasar la valla electoral. 

8. Son 36 candidaturas presidenciales y parlamentarias; hay nuevamente dos Cámaras Legislativas; la cédula de votación es compleja (con cinco votaciones simultáneas y con voto preferencial) lo que probablemente generará muchos votos inválidos; y los Partidos Políticos no se han preocupado de elaborar buenos planes de gobierno (algunos solo han presentado algunas hojas de síntesis), sobre todo con propuestas factibles y financiables. 

9. 2.5 millones de jóvenes peruanos votarán por primera vez; cerca del 39 por ciento de la población electoral tienen menos de 40 años, y esa es la población más desanimada y desconfiada. 

10. Sostengo que los resultados electorales pueden tener tres escenarios de desarrollo: Escenario Optimista: La población no dispersa tanto su voto y logra congregar su preferencia en dos partidos con propuestas democráticas y serias(que pasan a la segunda vuelta), de manera que se puede esperar un relanzamiento de las políticas públicas para el crecimiento y el empleo; Escenario Promedio (pasan a la segunda vuelta una opción democrática y otra de izquierda o caviar; en este caso podría repetirse lo que ocurrió el 2021; y,Escenario Pesimista (pasan a la segunda vuelta dos partidos de tendencia de izquierda o caviar, lo que produce una gran crisis en el sistema y en la economía del país. Hasta el momento (eso puede variar, porque la campaña aun no ha empezado) lo que podría ocurrir es el escenario promedio. Pero, hay que trabajar para que ocurra el escenario optimista. 

11. ¿Qué hacer? Los que tenemos cierta experiencia y hemos visto de cerca procesos electorales y hemos participado en gestión gubernamental, vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo en nuestro país, y nos sorprende más que se mantenga esta agenda pública mediocre, precisamente para mantener esta situación o, aún peor, para ahondar la crisis y provocar el caos. 

12. Por ello, todos los que apostamos por la democracia, la libertad, la búsqueda de mejores condiciones de vida para los peruanos, pero alentando la inversión, la producción y el empleo, recuperando la institucionalidad democrática y combatiendo efectivamente la corrupción, tenemos que desarrollar -juntos-acciones para contrarrestar esta situación.

13. Hay que actuar en las redes sociales y también en los medios de comunicación social que estén comprometidos con este objetivo y no formen parte de esta mafia caviar. Con valentía y con creatividad, hay que lograr captar el interés ciudadano hacia temas más propositivos, que den esperanza, que animen y que permitan recuperar la confianza.

14. Es cierto que hay temas que preocupan principalmente a la ciudadanía: la inseguridad, la falta de empleos, la corrupción. Estos temas deben ser enfocados seriamente y con alternativas reales. Lo que vemos más bien son diarias escenas y comentarios que parecen más bien disfrutan con tanta inseguridad, promueven el morbo y no aportan nada.

15. Sin temor hay que volver a programas televisivos con producción nacional y con objetivos de sana diversión y orientación. La política y la comunicación social deben ser medios para educar, para generar valores y hacerlo con creatividad para esos programas no sean aburridos y atraigan el interés de la población.

16. Hay muchas personas que tiene propuestas, que son especialistas; hay también muchas acciones que son creativas y positivas: buenas noticias que también hay que priorizar. Hay que llamarlos. Crear espacios de debate serio, entrevistas esclarecedoras y educativas y no solo que enfatizan en temas de farándula, chismes y campañas elaboradas para desprestigiar a los considerados adversarios políticos.

17. En medio de este oscurantismo y deliberada sequía de ideas y propuestas serias, los candidatos políticos se esfuerzan por quién hará la propuesta más populista o demagógica: “Cambiemos la Constitución”, “Asamblea Constituyente”, “Restablecer la pena de muerte”, “Fusilar a los corruptos”, “Usar las reservas internacionales que administra el Banco Central”, seguir pulverizando los fondos de pensiones, etc. Hay que parar esta “lluvia” de despropósitos.

18. Frente a estas frases efectistas para un número importante de electores hay que plantear con casos y datos su total inconveniencia, ilegalidad e imposibilidad de aplicarlas según sea el caso. La pregunta clave es: ¿en qué país ha funcionado o funciona lo que usted propone? Eso los evidenciará frente a la población, para no repetir lo que ocurrió en el 2021. 

19. Considero que a los candidatos hay que preguntarles sus propuestas concretas (no frases generales) y luego que expliquen ¿cómo lo van a hacer?, ¿con qué financiamiento?, ¿con qué equipo humano?, ¿en qué tiempo? Esto sobre todo para sus propuestas contra la inseguridad, la lucha contra la corrupción y la generación de empleos. 

20. A continuación, algunos temas que -en mi opinión- deberían incluirse en la agenda para enriquecer el debate: 

a. ¿Hacia dónde va el país? ¿Cuál es una posible visión de conjunto? El corto plazo no puede ser un día o el próximo mes; debemos tener claridad en un norte a seguir.

b. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? ¿Cuál es la tasa mínima de crecimiento anual que debemos lograr para generar nuevos empleos?

c. ¿Cómo generar ese crecimiento? ¿Cuál debe ser la participación de la inversión privada y del Estado en este crecimiento?

d. ¿Cómo disminuir la pobreza? ¿Es suficiente el crecimiento económico o necesitamos políticas públicas eficientes para desterrar la pobreza dura?

e. ¿Cómo va el mundo en lo político y económico?, y, ¿cómo aprovechar la privilegiada ubicación geográfica que el Perú tiene en la Cuenca del Pacíficopara convertirnos en un Centro Productivo y Logístico regional y en el país líder sudamericano en esta parte del Pacífico?

f. El caso de PetroPerú, ¿Cómo debe reestructurarse una empresa que debe y gasta más de lo que vende, y a la que cada año, todos los peruanos tenemos que financiar para cerrar su déficit entre US$ 400 y US$ 500 millones? 

g. ¿Cuál debe ser el papel del Estado? ¿Cómo volverlo más eficiente, transparente y cercano al ciudadano? ¿Se trata solo de más o menos presupuesto o de más o menos ministerios?

h. Derrumbando mitos: ¿Agricultura o Minería, o agricultura y minería para el desarrollo del país? ¿Todo lo informal es ilegal, o mucho de lo informal se debe a que el Estado plantea requisitos y normas burocráticas y persecutorias? ¿Más Estado o más mercado, o, mercado y Estado complementándose -cada uno en sus tareas?

i. ¿Cambio de Constitución? ¿Sabían que, desde 1993, esta constitución ya tiene más de 50 cambios en su articulado? La Constitución puede irse mejorandoen el tiempo, pero no con la estrategia comunista y caviar de cambiarla para tomar y quedarse en el poder o para que el Estado intervenga en contra de la inversión privada.

j. ¿Cómo descentralizar productivamente? ¿Ha funcionado el proceso de regionalización actualmente vigente? ¿Acaso no debemos ir hacia una regionalización transversal y siguiendo la cuenca?

k. ¿Cómo cerrar la brecha de infraestructura? ¿Cómo financiar este cierre?

l. ¿Qué tipo de educación estamos dando a nuestros niños y jóvenes? ¿Ha funcionado la implementación de la denominada “modernidad educativa” en los colegios?

m. ¿Por qué no valoramos a la educación tecnológica? ¿Cómo promover institutos tecnológicos que formen profesionales técnicos de alta especialidad? ¿Cómo promover la Ciencia, la innovación y la tecnología?

n. ¿Cómo promover el valor agregado en lo que hacemos, para producir con mayor diferenciación y competitividad, generando trabajo y tecnología?

o. ¿Cómo implementar la salud preventiva y acondicionar los 1,800 centros de salud en el primer nivel de atención, muchos de ellos sin médico, sin medicinas y sin equipos?

p. ¿Cómo combatir la desnutrición y anemia infantil? ¿Cómo recuperar el espacio perdido en vacunación?

q. ¿Cómo mejorar la productividad de las micro y pequeñas empresas? ¿Cómo promover la asociatividad, la asistencia técnica y el crédito supervisado?

21. Estos son solo ejemplos de temas que están ausentes en el actual debate político y en el análisis mediático. Hay muchos otros, por supuesto. Pero, en mi opinión hay que introducir con inteligencia y con buenos interlocutores estos temas para consideración de la población. 

1.  Concordante con estas ideas, decidí no participar en este proceso electoral y tampoco estoy inscrito o colaborando con ningún partido político.
   • Doy conferencias y he publicado hasta el momento 43 libros. Mi objetivo es informar, educar, explicar en palabras sencillas y crear conciencia sobre temas trascendentes para nuestro país.
   • También dirijo a un grupo de profesionales, de alto nivel profesional y solvencia moral, varios de ellos con experiencia en la gestión pública y con ellos discutimos periódicamente para hacer propuestas para el desarrollo de nuestro país.   ↩︎

Con la promulgación del Decreto Legislativo 635 que modifica tres artículos del Código Penal e incorpora uno nuevo acerca de la inhabilitación, el Ejecutivo no solo atesta un duro golpe contra la minería ilegal, sino que convierte en potenciales criminales a todos aquellos trabajadores que desde su respectiva región realicen algún tipo de actividad económica relacionada con la actividad minera.

Definitivamente se trata de un polémico decreto que golpea a la actividad económica artesanal, a la minería en proceso de formalización y hace de esta actividad algo muy poco democrático. Para algunos no ha pasado desapercibido y dará mucho de qué hablar al próximo Congreso, ya que hay pocas esperanzas que el actual lo discuta o intente derogarlo.

Del artículo 307-F se infiere que, “[e]l que traslada, acopia, almacena, transporta, custodia, oculta, comercializa, adquiere, embarca, desembarca o exporta o tiene en su poder” también es un potencial criminal, puesto que “conocía o debía presumir” el origen ilícito de los recursos minerales. También es un potencial criminal todo aquel que realice actividad de exploración, extracción, explotación, fuera del proceso de formalización, es decir fuera del área de la concesión.

No obstante, y aquí viene la “trampa”, quienes exploran y explotan no siempre son los titulares de la concesión sino aquellos mineros en proceso de formalización y mal llamados “informales” con los cuales el titular ha firmado un contrato perfectamente legal.

Todo lo cual deriva en el hecho que, por causa de esta norma, de ahora en adelante habrá escasez de mineros en proceso de formalización que quieran explotar recursos minerales ajenos, peor aún, así también los gastos operativos aumentarán significativamente y peor aún se creará una brecha de desconfianza aún mayor entre la población de localidades tradicionalmente mineras y las grandes empresas mineras, únicos entes oleados y sacramentados para realizar esta actividad vital para nuestra economía.

Con relación a este artículo, resulta evidente que su concepción no se ajusta a la realidad ya que la minería es una actividad por su naturaleza dinámica y variable, ya que una veta puede desviarse un metro de la zona de concesión acordada sin que ello deba constituir necesariamente un delito.

Con este decreto, el desvío de una veta, común en minería artesanal subterránea se convierte en un crimen, obligando a la ley a castigar al minero que se sale involuntariamente de su área de concesión; todo lo cual no representa un problema para la gran minería que cuenta con los recursos necesarios para poder resolver el problema; pero que sí deja fuera de carrera al pequeño minero artesanal quien no cuenta con los recursos necesarios para realizar un registro diario de sus avances con estudios de geolocalización de frentes.

Todo esto solo puede traer como consecuencia que los 88,000 mineros informales y artesanales que actualmente se encuentran inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) a nivel nacional terminen optando por pasar a la total clandestinidad, o bien, simplemente abandonen la actividad.

Con relación a la expectativa de una trazabilidad infalible que incluye la norma, consideramos que se trata de una discriminación voluntaria entre las empresas de la gran minería y las de pequeña minería que, dentro de un contexto topográfico donde la trazabilidad del mineral es sumamente compleja, estas pequeñas empresas, a veces unipersonales no podrán solventar la determinación exacta del origen del mineral.

¿Acaso suena probable que un humilde trabajador, transportista, estibador pueda determinar a ciencia cierta de dónde proviene el mineral?, más aún, y presumiendo que dicha actividad signifique su única fuente de sustento, ¿suena justo no solo dejarlo sin su actividad económica sino además castigarlo con una pena no menor de seis años ni mayor de nueve años, además del pago de una multa por no conocer la procedencia de los recursos metálicos?

Se estima que más de 300 mil peruanos trabajan en la minería informal actualmente, lo que esta ley no ha previsto es el impacto negativo que esto tendrá no solo en la confiabilidad de quienes se dedican a esta actividad sino en la economía nacional donde el sector minero ha representado, según estimaciones de diferentes análisis sectoriales (como EY y EITI), —incluyendo metalurgia y extracción—entre el 8.5 % y el 11 % del PBI nacional en 2025.

Otro de los aspectos criticables de esta ley es su lenguaje ambiguo que lleva a la confusión en la interpretación de la norma, así como a la presunción de culpabilidad de cualquiera que resulte sospechoso, por ejemplo, cuando advierte en su artículo 307- F, que el origen ilícito de los recursos minerales metálicos o no metálicos “se conoce” o “debe presumir” por el titular de la actividad.

La ley parece estar hecha a la medida de algún grupo, con la finalidad no solo de combatir a la minería ilegal, lo cual es legítimo y en lo cual todos estamos de acuerdo; sino también, con la finalidad de sacar de carrera a los trabajadores artesanales que viven de la actividad minera en sus respectivas localidades y que no tienen ni los recursos ni las herramientas necesarias para poder establecer el origen de los minerales metálicos y no metálicos que trasladan, acopian, almacenan, transportan, custodian y comercializan.

Adicionalmente, el artículo 307-G parece atestar el golpe de gracia que faltaba al anunciar que, de ser hallado culpable por el Poder Judicial, el sujeto del delito será además sancionado, con la pena de inhabilitación para obtener, a nombre propio o a través de terceros, concesiones mineras, así como para su comercialización, por un periodo equivalente al de la pena principal.

Dicha la sentencia, “correr” es ahora la consigna, ya que, la norma no solo es disuasiva sino intimidatoria y que muchos actuales mineros en proceso de formalización optarán incluso por salirse de REINFO. En efecto, no resulta una casualidad, el hecho de que este decreto haya sido promulgado días después de la aprobación por el Congreso de la República, en diciembre pasado, para la ampliación del REINFO, a través del DL 1293 que lo extiende hasta diciembre de 2026; todo lo cual, debe haber inquietado muchísimo al sector de la gran minería que en realidad no desea tener a los pequeños mineros en proceso de formalización, mal llamados “informales” como competidores.

Otro detalle que no debe pasar desapercibido es que, este DL 635 ha sido firmado por el presidente de la República, José Jeri, el presidente del Consejo de ministros, Ernesto Julio Álvarez Miranda, el ministro del interior, el ministro de Justicia y que no ha sido firmado por el ministro de energía y minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz como se hubiera esperado, tratándose del titular del sector.

En resumen, como se mencionó en un inicio se trata de un polémico decreto que golpea muy duramente a la actividad económica artesanal, a la minería en proceso de formalización y hace de esta actividad, histórica en el Perú, algo criminal y nada democrático.

1. Rocío Valencia Haya de la Torre es doctora en Literatura peruana y latinoamericana de la UNMSM,
   master en Humanidades de la Universidad de Angers (Francia) y magíster en Población, Comunicación y
   Desarrollo Sustentable (USMP). ↩︎