Por Jimmy Pflücker Pinillos
En el Perú hablar de formalización minera se ha vuelto una paradoja. El discurso oficial dice promoverla, pero las normas que se aprueban hacen exactamente lo contrario. El Decreto Legislativo 1695 es un ejemplo claro de cómo el Estado, en lugar de ordenar el sector, termina criminalizando a quienes todavía apuestan por hacer las cosas bien.
Este decreto no solo sanciona la extracción ilegal. Va mucho más allá. Amplía la responsabilidad penal a toda la cadena productiva —productores, compradores, transportistas y acopiadores— bajo un criterio tan peligroso como ambiguo: “sabía o debía saber” que el mineral tenía origen irregular. En la práctica, esto convierte a la actividad minera formalizable en un riesgo penal permanente.
Aquí hay que decirlo con claridad: el problema no es la pequeña minería. El problema es un proceso de formalización mal diseñado, lento y desconectado de la realidad productiva del país. El Estado no ha sido capaz de acompañar ese proceso, pero ahora pretende compensar su incapacidad con amenazas de cárcel.
Miles de pequeños y medianos mineros cumplen trámites, invierten recursos y esperan permisos que no llegan. Con el Decreto 1695, el mensaje es devastador: cumplir la ley ya no protege, expone. Si comprar, transportar o procesar mineral se convierte en un riesgo penal, la cadena formal se paraliza y el mineral no desaparece, simplemente regresa a la clandestinidad, donde no hay control, no hay impuestos y no hay cuidado ambiental.
Este decreto no fortalece al Estado ni mejora la fiscalización. Por el contrario, empuja la actividad hacia la informalidad, rompe la trazabilidad y debilita las economías locales. Cuando el miedo reemplaza a las reglas claras, la minería ilegal es la única que gana.
Si el Perú quiere una minería moderna, responsable y con valor agregado, no puede seguir legislando desde el miedo ni desde el escritorio. Combatir la ilegalidad es urgente, pero perseguir a quienes quieren cumplir la ley es un error estratégico. La minería responsable no se criminaliza: se ordena, se acompaña y se integra al desarrollo nacional.
El Decreto Legislativo 1695, tal como está planteado, no resuelve el problema de fondo. Lo agrava. Y el país no puede seguir aprobando normas que terminan castigando a quienes sostienen la economía productiva del Perú.