Cuando el Estado decide perseguir al minero que quiere formalizarse

Por Jimmy Pflücker Pinillos

En el Perú hablar de formalización minera se ha vuelto una paradoja. El discurso oficial dice promoverla, pero las normas que se aprueban hacen exactamente lo contrario. El Decreto Legislativo 1695 es un ejemplo claro de cómo el Estado, en lugar de ordenar el sector, termina criminalizando a quienes todavía apuestan por hacer las cosas bien.

Este decreto no solo sanciona la extracción ilegal. Va mucho más allá. Amplía la responsabilidad penal a toda la cadena productiva —productores, compradores, transportistas y acopiadores— bajo un criterio tan peligroso como ambiguo: “sabía o debía saber” que el mineral tenía origen irregular. En la práctica, esto convierte a la actividad minera formalizable en un riesgo penal permanente.

Aquí hay que decirlo con claridad: el problema no es la pequeña minería. El problema es un proceso de formalización mal diseñado, lento y desconectado de la realidad productiva del país. El Estado no ha sido capaz de acompañar ese proceso, pero ahora pretende compensar su incapacidad con amenazas de cárcel.

Miles de pequeños y medianos mineros cumplen trámites, invierten recursos y esperan permisos que no llegan. Con el Decreto 1695, el mensaje es devastador: cumplir la ley ya no protege, expone. Si comprar, transportar o procesar mineral se convierte en un riesgo penal, la cadena formal se paraliza y el mineral no desaparece, simplemente regresa a la clandestinidad, donde no hay control, no hay impuestos y no hay cuidado ambiental.

Este decreto no fortalece al Estado ni mejora la fiscalización. Por el contrario, empuja la actividad hacia la informalidad, rompe la trazabilidad y debilita las economías locales. Cuando el miedo reemplaza a las reglas claras, la minería ilegal es la única que gana.

Si el Perú quiere una minería moderna, responsable y con valor agregado, no puede seguir legislando desde el miedo ni desde el escritorio. Combatir la ilegalidad es urgente, pero perseguir a quienes quieren cumplir la ley es un error estratégico. La minería responsable no se criminaliza: se ordena, se acompaña y se integra al desarrollo nacional.

El Decreto Legislativo 1695, tal como está planteado, no resuelve el problema de fondo. Lo agrava. Y el país no puede seguir aprobando normas que terminan castigando a quienes sostienen la economía productiva del Perú.

Otros artículos

La minería ancestral como patrimonio cultural y motor de transformación rural en el Perú

Mucho antes de ser considerada una industria o una simple fuente de transacciones comerciales, la minería en el antiguo Perú nació como una expresión de la cosmovisión andina, teniendo una parte mística, pero también artística, así como utilitaria. El poblador precolombino no veía al mineral como una riqueza acumulable, sino como un elemento sagrado de la Pachamama (Madre Tierra).

NP – Informe Conademi Defensoria – Nota de Prensa – Alerta sobre criminalización

Si eres empresario minero, un desbalance patrimonial o la falta de documentación sobre tus operaciones no debería convertirte automáticamente en sospechoso de lavado de activos.

La desconexión entre el endurecimiento penal y la flexibilización minera…

Es transcendental aclarar que la delegación de facultades legislativas no es una especie de regalo o cesión del poder legislativo al Ejecutivo, sino un mecanismo perfectamente regulado en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, con características precisas que lo distinguen de una transferencia genérica de funciones.